Juez argentino avala acuerdo de Pelambres para retiro de botadero

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El magistrado Leopoldo Rago Gallo concedió cinco años y medio para mover el material a Chile.

Cada día más cerca de terminar se encuentra el conflicto entre Minera Los Pelambres -operada por Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic-, y el gobierno provincial de San Juan, por el botadero de estériles que dejó la empresa del otro lado de la cordillera.

Ayer, tres años después que se iniciara el conflicto, el magistrado a cargo de la causa, Leopoldo Rago Gallo, dio a conocer el fallo en el que se acogen gran parte de los acuerdos logrados en las negociaciones previas entre los involucrados y que fue presentados por Minera Los Pelambres hace algunas semana al tribunal y que fue avalado también por el gobierno de la Provincia de San Juan.

El eje central del documento señala que será la compañía chilena la encargada de retirar las 40 millones de toneladas de escombros, trabajos que tendrán que comenzar el próximo 15 de diciembre.

Y, al igual que como ocurre con un proyecto minero, la entrada en régimen del retiro del material se producirá por etapas, siendo la primera la obtención de los permisos tanto de tránsito, como medioambientales.

El dictamen del juez argentino considera un plazo total de cinco años y medio para completar la operación, más un año de gracia en caso de que existieran inconvenientes, principalmente por el clima de la cordillera.

En la resolución se sumaron una serie de trabajos preventivos que tendrán que realizarse en paralelo, como el monitoreo de los caudales de los ríos que hay en las cercanías, así como un seguimiento de la calidad del agua, con la intención de evitar una contaminación de los afluentes, a lo que se suma la instalación de cámaras de video para monitorear en tiempo real los trabajos.

En la empresa aseguraron que el fallo está muy cercano a lo que ellos buscaban, pero aún se encuentran estudiando los detalles, ya que como en cualquier caso, cuentan con la posibilidad de apelar.

Otra de las aristas del fallo tiene que ver con la solicitud judicial de interrogar a cuatro exgerentes de Glencore, dueña de los terrenos donde estudia el proyecto Pachón, trámite que fue encargado a la Interpol, por la responsabilidad que estos ejecutivos tendrían en autorizar el depósito de los escombros en el territorio trasandino.