Organizaciones apelaron luego de que hace casi un mes se decidiera mantener con vida el polémico proyecto de Andes Iron, retrotrayendo el procedimiento de tramitación a la etapa de votación en el consejo regional.
Tal como advirtieron, pescadores y comunidades de La Higuera volvieron a la carga contra el
proyecto minero-portuario Dominga luego de que hace aproximadamente un mes el Primer
Tribunal Ambiental decidiera -por unanimidad- acoger la reclamación interpuesta por la
empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo de la
iniciativa.
Así, la sentencia anuló la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación
Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ordenando retrotraerlo a la etapa de votación por parte
de esta última instancia.
A través de un comunicado, se informó este jueves que los abogados de distintas asociaciones
de pescadores, organizaciones locales y de la Alianza Humboldt presentaron recursos de
casación para que sea la Corte Suprema la instancia que dirima el futuro de la iniciativa que
implica inversiones por el orden de US$ 2.500 millones.
Esto, según explicaron, para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta
que ordenó que el proyecto vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de
Coquimbo.
El abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, quien representa a miembros de la Asociación Gremial
de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que con este recurso sus representados
buscan «demostrar que el Comité de Ministros no cometió ilegalidad al rechazar al proyecto, y
probar nuevamente que Dominga adoleció de información esencial y no pudo satisfacer
medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría».
Asimismo, en el escrito se señala que la presentación de los recursos de casación busca
invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta por no ceñirse estrictamente a
revisar si la evaluación ambiental del proyecto se había hecho o no de forma correcta, como lo
había ordenado la Corte Suprema en septiembre de 2019.
«El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité
de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación
ambiental alternativa de Dominga», aseguró Lillo, agregando que «nunca demostró que la
instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho».
Según se recordó en el escrito, en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de
Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario
Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino,
subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas
de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Dentro de las próximas semanas, los abogados esperan que la Corte Suprema admita los
recursos de casación para que posteriormente se efectúen los alegatos.
Fuente: Diario Financiero
