La Municipalidad de Porvenir deberá enfrentar el pago de casi 600 millones de pesos a la empresa Cobra Montajes, Servicios y Agua Ltda., tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Esta decisión marca el final de un extenso litigio relacionado con un proyecto de agua potable rural en los sectores Loteo Selknam y Loteo Los Cisnes.
Fallo judicial ratificado por la Corte
El fallo, confirmado este lunes, derivó del incumplimiento de obligaciones contractuales de la Municipalidad de Porvenir hacia la empresa Cobra. Según los antecedentes, el municipio no entregó un proyecto definitivo aprobado por Aguas Magallanes, su aplicación de multas y ejecución de garantías fue ilegítima, y tampoco se pagó el Estado de pago N°2. Por este motivo, la sentencia dictada por el juez de Letras de Porvenir, Pablo Aceituno, ordenó a la municipalidad el pago de $304.721.809 por el estado de pago mencionado, $222.406.742 por las boletas de garantía ejecutadas y $62.720.213 por lucro cesante.
La Corte de Apelaciones, integrada por la ministra Caroline Turner y los ministros suplentes Berta Salgado y Claudio Jara, ratificó estos montos en resolución unánime, excepto en la postura de Jara, quien optó por rechazar la demanda de Cobra. La representación legal del municipio, a cargo del abogado Carlos Contreras, argumentó que la garantía debía devolverse al Gobierno Regional de Magallanes; sin embargo, la Corte no abordó este aspecto específico.
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Detalles del proyecto y controversia
El contrato firmado el 5 de febrero de 2021 tenía por objetivo construir un sistema de agua potable en los sectores Selknam y Los Cisnes de Porvenir, para resolver problemas de abastecimiento que hasta entonces eran suplidos con camiones aljibe. El valor total del contrato ascendía a $2.021.879.469, y las obras debían completarse en 224 días. La construcción incluía una planta elevadora en terrenos concesionados por Aguas Magallanes y una red de tuberías en áreas externas.
Sin embargo, según Cobra, el proyecto avanzó solo un 30%, debido a lo que describieron como “graves y flagrantes incumplimientos” de la municipalidad, los cuales incluyeron la falta de un proyecto adecuado para iniciar las faenas, el emplazamiento en terrenos no aptos y el término abrupto y unilateral del contrato. Asimismo, denunciaron la imposición de multas y la ejecución de las garantías contractuales de forma ilegítima.
Aspectos penales y trascendencia del caso
El alcalde José Gabriel Parada enfrenta actualmente un proceso penal, derivado de una querella interpuesta por Cobra. Hasta ahora, el jefe comunal se encuentra bajo la medida cautelar de firma bimensual en Carabineros, mientras se desarrolla la investigación. En marzo pasado, el tribunal decretó una ampliación del plazo investigativo por 30 días, evidenciando la complejidad y gravedad del caso.
La situación deja en evidencia las tensiones que pueden surgir en proyectos de infraestructura pública cuando no se establecen claramente las responsabilidades. Además, refleja el impacto significativo que pueden tener fallos desfavorables en las arcas municipales, planteando interrogantes sobre la gestión de los recursos y el diseño de futuras licitaciones similares.
