Permisos ambientales. Ese es el nuevo foco del gobierno para reactivar inversiones en Chile. Un plan anunciado por el Ejecutivo busca acelerar la resolución de reclamaciones pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), medida que podría viabilizar 42 proyectos de inversión por más de US$16.300 millones que actualmente se encuentran detenidos en distintas etapas administrativas.
La iniciativa se implementará mediante una instrucción presidencial, orientada a reducir los tiempos de resolución de recursos presentados contra proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero que siguen entrampados en procesos administrativos dentro del sistema ambiental.
Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar decisiones pendientes sin modificar el marco legal vigente, abordando uno de los principales obstáculos identificados por empresas e inversionistas: la llamada “permisología”, término utilizado para describir los largos plazos de tramitación de autorizaciones regulatorias. En sectores intensivos en capital como minería, energía e infraestructura, estos retrasos pueden significar años de paralización de proyectos que ya superaron evaluaciones técnicas clave.
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El plan establece plazos máximos para resolver recursos administrativos pendientes, con el objetivo de evitar que las reclamaciones se prolonguen indefinidamente.
Entre las principales medidas se incluyen:
- 90 días como plazo máximo para resolver recursos administrativos vencidos.
- 30 días hábiles para nuevas reclamaciones ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.
- 60 días hábiles para procesos que deban ser revisados por el Comité de Ministros.
Las autoridades señalan que estas reglas permitirán ordenar los tiempos del sistema y dar mayor previsibilidad a los inversionistas, sin alterar las exigencias ambientales que establece la legislación vigente.
42 proyectos detenidos por trámites administrativos
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, el paquete de medidas apunta a destrabar 42 iniciativas actualmente entrampadas en el sistema ambiental.
La cartera de proyectos se distribuye en dos grandes grupos:
Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)
- 20 proyectos en revisión.
- Inversión estimada cercana a US$6.500 millones.
Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
- 22 proyectos revisados por el Comité de Ministros.
- Inversión comprometida por aproximadamente US$9.800 millones.
En conjunto, estas iniciativas suman más de US$16.300 millones en capital potencial, que podría comenzar a ejecutarse si se resuelven las reclamaciones pendientes.
Debate por la “permisología” y competitividad
La tramitación de permisos ambientales se ha transformado en uno de los principales temas del debate económico en Chile. Diversos gremios empresariales han advertido que los extensos procesos regulatorios afectan la competitividad del país frente a otros destinos de inversión.
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca mejorar la eficiencia del sistema sin debilitar la protección ambiental, abordando retrasos administrativos que afectan a proyectos que ya completaron su evaluación técnica.
En sectores como la minería y la energía —donde los proyectos pueden superar inversiones de miles de millones de dólares— la rapidez con que se resuelvan estos procesos puede definir el calendario de desarrollo de nuevas operaciones y la generación de empleo asociado.
Con esta medida, el Gobierno busca enviar una señal al mercado respecto de la necesidad de acelerar la materialización de inversiones, en un contexto en que la economía chilena intenta recuperar dinamismo y atraer nuevos proyectos de gran escala.
