El gobierno de Ghana planea reducir la duración de las licencias mineras y establecer un mecanismo de participación directa en los ingresos con las comunidades locales en sus reformas mineras más amplias en casi dos décadas, detalles que fueron anunciados por un ministro gubernamental el miércoles.
El plan de reforma refleja una tendencia más amplia en África Occidental, donde los gobiernos están revisando los códigos mineros para capturar más valor proveniente del aumento de los precios de las materias primas.
El ministro de Tierras y Recursos Naturales de Ghana, Emmanuel Armah Kofi Buah, dijo que los cambios, que incluyen la eliminación de la renovación automática de algunas licencias, se aplicarán solo a los contratos futuros, a diferencia de la postura en Mali y Burkina Faso, donde los gobiernos militares han aplicado reformas de manera retroactiva.
«En Ghana, no hacemos leyes retrospectivas», dijo Buah durante una presentación en la capital, Accra. «Los acuerdos existentes están santificados y serán respetados».
Buah agregó que la revisión de la Ley de Minerales y Minería y la política minera estaba completada en un 85% tras extensas consultas con partes interesadas.
Requisito de desarrollo
Ghana, principal productor de oro de África, espera que la producción alcance las 5,1 millones de onzas este año. Las principales mineras en el país incluyen Newmont, Gold Fields, AngloGold Ashanti, Zijin, Asante Gold y Perseus. También exporta bauxita y manganeso con planes para iniciar la producción de litio.
Según los cambios propuestos en la ley, las licencias de prospección ya no serían indefinidas, y el plazo máximo para las concesiones mineras se reduciría de 30 años a un período más corto acordado por el gobierno y las empresas. Las compañías que no cumplan con las obligaciones ambientales, sociales o de producción perderían el derecho a la renovación automática de la licencia.
En un cambio importante, el gobierno planea abolir los acuerdos de desarrollo, en los cuales las empresas envían dinero al gobierno central.
En su lugar, se requerirá a las empresas firmar acuerdos comprometiéndose a destinar un porcentaje fijo de los ingresos brutos por la venta de minerales para financiar proyectos de desarrollo local, mientras el gobierno busca abordar las quejas de larga data de las comunidades de que han visto poco beneficio de las operaciones mineras.
Las reformas también proponen un régimen de derechos mineros de tres niveles, introduciendo una nueva categoría de licencia de tamaño medio para cerrar la brecha entre grandes operadores multinacionales y mineros artesanales de pequeña escala.
Otro cambio clave bajo consideración es la reducción o abolición de los acuerdos de estabilidad, que actualmente ofrecen hasta 15 años de protección tributaria y regulatoria a los grandes inversores. Los acuerdos futuros se limitarían a períodos de recuperación de capital para inversiones importantes.
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