El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para acelerar la minería en alta mar, desatando un intenso debate global sobre los recursos oceánicos, el derecho internacional y la supervisión ambiental.
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Presentada como un intento de reducir la dependencia de EE. UU. de China en minerales críticos como el níquel y el cobre, la medida ha generado preocupaciones por los daños ecológicos y la estabilidad internacional.
Firmada en abril, la directiva de Trump aprovecha la Ley de Recursos Minerales Duros del Lecho Profundo de EE. UU. para eludir los órganos reguladores internacionales y autorizar directamente operaciones de minería en el lecho marino, incluyendo aguas internacionales. Este camino evita la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (ISA), el organismo global encargado de regular la minería en alta mar y proteger los ecosistemas oceánicos.
La orden representa un cambio drástico lejos de décadas de adhesión de EE. UU., aunque no oficial, a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Desafío legal y diplomático
Expertos legales advierten que la acción unilateral de EE. UU. podría socavar la gobernanza marítima global y provocar una tendencia más amplia de acciones independientes.
Esta decisión se produce en medio de los retrasos de la ISA en la publicación de las esperadas reglas de explotación. Bajo UNCLOS, la ISA estaba obligada a publicar esas regulaciones para 2023 tras una solicitud en 2021 de Nauru Ocean Resources Inc. para explotar la Zona de Clarion-Clipperton, rica en minerales. Dos reuniones de la ISA han pasado sin acuerdo, dejando un vacío que países como EE. UU. están aprovechando.
Reacciones ambientales y diplomáticas
Greenpeace EE. UU. argumenta que la tensión geopolítica se está utilizando estratégicamente para justificar un rápido ingreso a la minería en el lecho marino. El grupo acusa a la industria de explotar los retrasos reguladores para acelerar la explotación de uno de los últimos territorios inexplorados de la Tierra.
El informe de Greenpeace sostiene que desafiar el consenso internacional podría desestabilizar las bases mismas de la seguridad nacional. El General Mayor (Retirado) Randy Manner advirtió que la estabilidad global, el estado de derecho y la resiliencia ecológica son fundamentales para la seguridad nacional.
A pesar de la controversia, la empresa The Metals Company (TMC) de Canadá avanza a toda máquina. En abril, presentaron solicitudes bajo el código minero de EE. UU. para un permiso de recuperación comercial y dos licencias de exploración que cubren cerca de 200,000 kilómetros cuadrados del lecho marino del Pacífico.
La urgencia de definir directrices claras para la minería en alta mar se vuelve cada vez más apremiante ante la posibilidad de conflictos futuros. La presión para establecer una cooperación internacional efectiva es clave para evitar una escalada de tensiones en los mares globales.
