En tanto, ayer la Comisión de Sistema Político aprobó en general una propuesta que crea un Congreso unicameral, avanzando en un debate que hace meses se instaló en la clase política.
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Cuando restan sólo cuatro días para que se cierre el plazo estipulado con el objeto de que la ciudadanía firme en respaldo de algunas de las 2.495 iniciativas populares de norma (IPN) ingresadas a la Convención Constitucional (CC) por diferentes personas u organismos, 29 ya alcanzaron y superaron la meta de reunir 15 mil apoyos. A estas se podrían sumar otras de aquí al 1 de febrero, cuando se cierra el periodo de consecución de respaldos.
Entre las que ya tienen un cupo asegurado en el proceso de tramitación de las normas, destaca una que ha pasado un poco desapercibida, que hasta el momento ha reunido 19.997 firmas y espera ser puesta en tabla en la Comisión de Medio Ambiente de la CC: establece la «nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro», muy ad hoc con el debate que se está realizando en el Congreso respecto a aplicar un royalty a la explotación del cobre y del litio.
Pero la propuesta suscrita por la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, el Movimiento Internacional de Trabajadores, el Sindicato Nacional Interempresa de la Minería, el Frente por la Renacionalización del Cobre y la Fundación Latinoamericana Salvador Allende, va más allá al proponer la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre.
Si bien en parte de su articulado permanente la iniciativa sostiene que nadie podrá ser privado de su propiedad salvo que una ley general o particular permita la expropiación; también establece que «cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros».
Y cuando se trate de la nacionalización de actividades o empresas mineras de la gran minería –aquellas que produzcan más de 36 mil toneladas de mineral en cualquiera de sus formas-, «la nacionalización podrá comprender a ellas mismas, a derechos en ellas o a la totalidad o parte de sus bienes» y podrá extenderse a «bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades o empresas».
Indemnización
La propuesta establece una indemnización para las empresas expropiadas, pero también detalla que ésta podrá deducirse total o parcialmente de «las rentabilidades excesivas que hubieren obtenido» las empresas.
Por otra parte, la propuesta sostiene que el Estado tiene «el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas»
Y, en este sentido, corresponderá a la ley determinar qué sustancias pueden ser concesionadas para exploración o explotación, salvo «los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, el cobalto, y las tierras raras».
Congreso unicameral
Mientras, la Comisión de Sistema Político aprobó en general -13 a favor, 10 en contra y dos abstenciones- la norma que crea el Congreso plurinacional y unicameral, que estaría conformado por no menos de 205 diputados con al menos el 50% de mujeres, electos a través de un sistema electoral mixto y podrán ser reelectos sólo en una ocasión.
Fuente: Diario Financiero
