Eso sí, aún resta conocer lo que resuelva la justicia respecto al fondo de las acciones presentadas.
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Cuesta arriba es el panorama que enfrenta el gobierno para cerrar prontamente la polémica licitación del litio. Dos semanas han transcurrido desde que la Corte de Apelaciones de Copiapó decidió suspender el proceso y, pese a que el 18 de enero la actual administración presentó recursos de reposición para revertir la resolución, la justicia negó la solicitud de las autoridades.
El Ejecutivo había presentado recursos de reposicion para levantar la suspensión, tanto en la causa que emprendió el gobierno regional de Atacama como la que interpuso una comunidad indígena, en el marco del plazo que fijó la justicia para un pronunciamiento por parte de las autoridades.
En el recurso de reposición interpuesto en la Corte de Copiapó que suspendió derechamente el proceso, el gobierno -representado por la abogada María Luisa Baltra, en su calidad de subsecretaria de Minería (s)-, sostiene que «mantener la suspensión en los términos que fuera decretada puede sentar un peligroso precedente que pondrá en riesgo otras licitaciones por parte de los órganos de la administración en las que se invoquen la necesidad de obtención de informes que son improcedentes».
Asimismo, en el escrito de 17 páginas se asegura que el reclamo deja entrever una «acción instrumental, motivada por razones desconocidas, que lo han llevado a revestir en carácter de urgente el despacho de un trámite administrativo que la propia ley califica de carente de obligatoriedad y falto de fuerza vinculante».
Sin embargo, la tarde del viernes la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó -integrada por Marcela Araya (ministro presidente), Carlos Hermann (fiscal) y James Richards (abogado)- declaró que, «atendidos los antecedentes tenidos en consideración al resolver, «no ha lugar a la reposición, sin perjuicio de lo que se resuelva en su oportunidad acerca del fondo del asunto».
De esta forma, si bien el gobierno ya había anunciado como ganadoras a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, no se podrá avanzar con los siquientes pasos contemplados en el proceso.
Cabe recordar que dos días antes de la suspensión decretada por la justicia, el gobierno se adelantó e informó la adjudicación del proceso, a pesar que ese mismo día estaban citadas la autoridades de la cartera para explicar los alcances de la licitación en el Congreso. El 12 de enero anunció la entrega de dos de las cinco cuotas que se ofrecían a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, dejando en el camino a SQM y Albemarle.
Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, el presidente electo, Gabriel Boric, calificó com «mala noticia» lo sucedido y recalcó que se le había pedido a la actual administración no innovar en esta materia. A lo que se sumaron una seguidilla de acciones de parlamentarios y otros actores para intentar frenar el proceso en diversas instancias como el Congreso, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional.
Fuente: Diario Financiero
