La liquidación voluntaria de OHL Industrial Chile, filial del grupo español OHLA, ha generado preocupación en el sector minero, especialmente entre contratistas y proveedores. El proceso, que incluye un panorama complejo de deudas, conflictos legales y efectos en la cadena de suministro, representa un desafío para la estabilidad de servicios industriales críticos vinculados a la minería.
Liquidación voluntaria y pasivos de $21.086 millones
OHL Industrial Chile presentó su solicitud de liquidación voluntaria ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, reportando pasivos por $21.086 millones al cierre de 2025. Según el escrito, la compañía atraviesa una crisis financiera agravada por obligaciones con proveedores, deudas relacionadas e incidencias legales. Este escenario ha puesto en alerta al mercado, especialmente a los actores dependientes del cumplimiento de contratos industriales.
El caso ocurre en un contexto de preocupación por el impacto que puede generar en servicios como montajes, mantenciones y logística, actividades esenciales para garantizar la operación minera. La posibilidad de facturas impagas y dificultades en subcontratos podría afectar tanto la continuidad operacional como las relaciones contractuales con otras empresas del sector.
Te puede interesar
Tribunal Constitucional avala laudo arbitral contra OHLA en conflicto con Syncore Chile Posición de Syncore en el Proceso de Liquidación de OHL Industrial ChileConflicto legal con Syncore Montajes
Uno de los aspectos más críticos en este proceso es el conflicto con Syncore Montajes, el cual ha escalado a un laudo arbitral ejecutoriado. Según el fallo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago, OHL Industrial Chile fue condenada al pago de $15.647 millones, más intereses, a favor de Syncore por incumplimientos contractuales en la ampliación de la planta de sulfuros Mantos Blancos.
El tribunal atribuyó a OHLI un perjuicio valorado en US$ 8.020.022 por retrasos y costos adicionales, luego de recalcular las horas-hombre y los gastos generales asociados. Syncore enfatizó que sus derechos como acreedor están firmemente respaldados por este laudo arbitral, lo que complica aún más la situación financiera de la compañía.
Repercusiones en la cadena de suministro
El sector observa este proceso como una señal de alerta sobre la fragilidad en la cadena de suministro industrial. Los rubros que podrían verse afectados incluyen áreas como servicios mecánicos, obras eléctricas y arriendo de equipos, donde el financiamiento depende crucialmente del cumplimiento de pagos. La industria minera, consciente de los riesgos en la operativa de sus faenas, busca minimizar el impacto revisando sus mecanismos contractuales y ajustando órdenes de compra.
La situación también pone de relieve los desafíos financieros de los proveedores, quienes operan generalmente con capital de trabajo ajustado y quedan particularmente expuestos en situaciones de liquidez limitada como esta. En la práctica, cualquier interrupción en el flujo de pagos puede generar un efecto dominó que afecte a múltiples actores de la industria.
Próximos pasos bajo la Ley 20.720
El proceso de liquidación, regido por la Ley 20.720, contempla etapas como la designación de un liquidador, la elaboración de un inventario de activos y la verificación de créditos por parte de los acreedores. Este procedimiento será clave para determinar qué proporción de las deudas puede ser recuperada, así como para activar garantías o retenciones aplicables.
El mercado estará atento a la evolución del caso y a las medidas que puedan tomar los involucrados para proteger sus operaciones. El reconocimiento de acreencias y la recuperación de montos adeudados serán temas cruciales, especialmente en el manejo de contratos vinculados con obras industriales donde las redes de subcontratación juegan un papel central.
