La fiebre del oro regresa a Brasil impulsada por precios internacionales en niveles históricos, pero esta vez las autoridades federales y estatales buscan evitar que el auge se traduzca en impactos ambientales irreversibles. El Ministerio Público Federal (MPF) recomendó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a los organismos ambientales de Amazonas, Acre, Rondônia y Roraima endurecer la fiscalización y revisar a fondo las licencias otorgadas al sector.
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Licencias bajo la lupa
El MPF solicitó declarar nulas todas las licencias ambientales que no cumplan con los requisitos técnicos y regulatorios, además de suspender la emisión de nuevos títulos hasta que los solicitantes presenten información detallada sobre las técnicas de beneficio y la documentación que respalde la tecnología utilizada.
Una de las medidas más contundentes apunta a reforzar la prohibición del uso de mercurio en la extracción aurífera, un químico que sigue presente en faenas pese a la restricción del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama). Según el organismo, vacíos en los procedimientos han permitido que esta sustancia siga circulando en la cadena productiva.
Auge del oro, auge de riesgos
El contexto internacional complica el escenario. La cotización del oro, sostenida por la incertidumbre geopolítica, ha detonado un repunte de la minería aurífera en Brasil. Muchas de estas operaciones se desarrollan en zonas remotas de la Amazonía, donde la capacidad del Estado para fiscalizar es limitada.
La expansión de la minería ilegal ha traído consigo problemas de deforestación, contaminación de ríos y amenazas a comunidades indígenas. El mercurio, usado para amalgamar el mineral, permanece como una de las principales fuentes de degradación ambiental y de riesgo para la salud.
Un sector en tensión
El desafío para Brasil es doble: aprovechar la oportunidad que ofrece la demanda global por oro como refugio de valor, pero sin repetir patrones de descontrol ambiental y legalidad difusa. El sector formal pide reglas claras para no quedar en desventaja frente a la minería ilegal, mientras que las autoridades insisten en que cualquier expansión debe estar alineada con los compromisos climáticos y de protección amazónica.
“La presión de los precios no puede servir de excusa para vulnerar regulaciones ni comprometer ecosistemas esenciales para el planeta”, advirtió el MPF en su recomendación.
De avanzar las medidas, se espera una mayor fiscalización coordinada entre agencias y un rediseño de los procesos de autorización. El debate sobre cómo equilibrar competitividad, control y sostenibilidad marcará el futuro inmediato de la minería aurífera en Brasil.
