Auditoría ambiental como paso inicial
El ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó, confirmó que en las próximas semanas se iniciará una auditoría ambiental integral de la mina Cobre Panamá, a cargo de SGS Panamá Control Services. La revisión tendrá una duración estimada de tres a cuatro meses y abordará impactos ambientales, sociales y económicos, además de identificar las oportunidades de empleo para los panameños en caso de una reapertura.
Esta auditoría constituye un requisito fundamental antes de iniciar cualquier negociación con First Quantum Minerals, propietaria de la operación a través de su filial Minera Panamá.
Contexto del cierre de la mina
La mina Cobre Panamá, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, fue cerrada en noviembre de 2023 después de que la Corte Suprema declarara ilegal su contrato de operación. La paralización provocó un fuerte impacto económico:
- En 2022, su último año completo de operaciones, produjo 350.000 toneladas de cobre.
- Representaba aproximadamente el 5% del PIB panameño.
- La suspensión ha significado hasta US$ 1.700 millones en pérdidas de actividad económica, según estimaciones de First Quantum.
Pese al cierre, la compañía ha mantenido las instalaciones para garantizar que, si se llega a un acuerdo, pueda reanudar operaciones rápidamente.
Prioridad del nuevo gobierno
El presidente José Raúl Mulino ha señalado que la reapertura de la mina es una de las principales prioridades de su administración, junto con la reforma del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
El gobierno espera iniciar conversaciones con First Quantum a fines de 2025 o principios de 2026, una vez que se conozcan los resultados de la auditoría.
Suspensión de arbitrajes internacionales
Un avance clave para abrir el diálogo fue la decisión de First Quantum y empresas vinculadas de suspender los procedimientos de arbitraje internacional contra el gobierno de Panamá. Esto despejó el camino para reanudar las conversaciones en un clima más favorable.
Expectativas y presiones locales
Mineros, contratistas, sindicatos y comunidades cercanas han solicitado públicamente la reanudación de las operaciones, subrayando la importancia económica del proyecto para el empleo y la economía local.
No obstante, el Ejecutivo insiste en que la auditoría debe ser prioritaria para asegurar que cualquier eventual reapertura se realice bajo criterios de sostenibilidad y cumplimiento ambiental.
