Un nuevo decreto provincial en San Juan, Argentina, busca modernizar la regulación de la minería. El Decreto 7/2024, en vigor desde diciembre de 2024, no solo agiliza los trámites para los proyectos, sino que también refuerza el control y la participación de la comunidad. Este cambio busca equilibrar la necesidad de impulsar la industria con una supervisión rigurosa.
Menos burocracia, más eficiencia
La abogada especialista en derecho minero, Alejandra Caneva, explica que el nuevo decreto complementa la Ley Nacional 24.585 de 1995. Mientras la ley nacional establece la obligación de presentar informes de impacto ambiental, el decreto de San Juan unifica criterios y hace los procesos más eficientes, eliminando trámites innecesarios.
La principal novedad es que ahora los proyectos mineros se evalúan según su tamaño, lo que permite un control más adecuado para cada caso. La clasificación es la siguiente:
- Pequeños: menos de un millón de onzas de oro.
- Medianos: entre uno y cinco millones de onzas.
- Grandes: más de cinco millones de onzas.
Según el tamaño, cambia la autoridad de control. Esto evita que los proyectos pequeños pasen por la misma burocracia que los grandes, haciendo el proceso más rápido sin perder rigurosidad.
Participación ciudadana y exigencia ambiental
La participación de la comunidad es un pilar fundamental en la normativa de San Juan. El proceso de evaluación incluye audiencias públicas donde cualquier ciudadano puede opinar y hacer observaciones. Además, toda la información sobre los proyectos es pública y accesible.
Alejandra Caneva subraya que este decreto no hace los controles más flexibles. Al contrario, los hace más exigentes, ya que mejora los mecanismos de supervisión. La autoridad minera puede aplicar sanciones, suspender proyectos e imponer multas si no se cumplen las reglas.
De esta manera, San Juan se consolida como una de las provincias con las regulaciones mineras más claras y rigurosas de Argentina. El objetivo es claro: mantener la transparencia y la confianza social en una actividad económica vital para la región.