El proyecto de minería de oro Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), está encontrando una gran resistencia en la provincia de Azuay, Ecuador. Decenas de miles de residentes y líderes locales han salido a las calles para protestar y exigir la suspensión del proyecto, argumentando que representa una amenaza directa para una reserva de agua vital.
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Un conflicto sobre el agua y la soberanía local
Aunque el gobierno nacional había otorgado una licencia ambiental para la construcción, la presión comunitaria ha logrado una suspensión temporal. Las autoridades provinciales señalan que el proyecto afectará la reserva de Quimsacocha de 3,200 hectáreas y sus páramos circundantes. Estos páramos, que actúan como «esponjas gigantes», son esenciales para el suministro de agua potable a las principales ciudades de la región, incluida Cuenca. El alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, ha sido claro en su postura, afirmando que «las calles de Cuenca están rugiendo» y que el gobierno nacional debe revocar la licencia ambiental.
Un camino lleno de incertidumbre
A pesar de que Ecuador cuenta con importantes reservas de oro y cobre, solo dos minas están en operación. El historial del país muestra que la oposición comunitaria, las preocupaciones ambientales y las incertidumbres legales son obstáculos significativos para el desarrollo de proyectos mineros. En Azuay, por ejemplo, los residentes ya han logrado detener iniciativas mineras a través de votos y sentencias judiciales.
El propio presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se ha distanciado del proyecto, señalando que la responsabilidad de las próximas acciones recae en las autoridades locales. El mandatario ha reconocido que existe una «muy alta probabilidad» de que el proyecto no se lleve a cabo, a pesar del riesgo de posibles arbitrajes internacionales por parte de la compañía.
Este caso pone de relieve la tensión entre el potencial económico de la minería y la necesidad de proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades locales. La situación de Loma Larga es un recordatorio de que en Ecuador, el desarrollo de la minería no depende solo de la viabilidad técnica y las licencias gubernamentales, sino también del consentimiento social y la voluntad política para asegurar la protección del agua y los ecosistemas.
