Santiago, Chile — Un reciente informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha revelado que los proyectos mineros en Chile enfrentan una burocracia «crítica» debido a los excesivamente largos tiempos de tramitación. El análisis, parte de un monitoreo solicitado por la Presidencia, concluye que los permisos sectoriales, y no los ambientales, son el principal cuello de botella que afecta al sector.
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El problema central: los permisos sectoriales
Según Cristian Romero, director jurídico de la CNEP, los permisos ambientales «se mantienen estables y cumplen los máximos legales». La verdadera demora se concentra en los permisos sectoriales que se requieren al inicio y al final del proceso. La burocracia y la falta de agilidad en estas entidades están provocando retrasos «graves» que superan con creces los plazos esperados.
Un ejemplo claro es el de las concesiones marítimas mayores, otorgadas por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Este permiso es el más lento de todos, con una tramitación que promedia los 53 meses en 2025, un incremento significativo con respecto a los 30 meses que tardaba en 2024. Otro servicio con extensos plazos es la Dirección General de Aguas (DGA), que concentra la mayor cantidad de autorizaciones que requieren largos tiempos de tramitación.
Un obstáculo para la productividad
Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, señaló que la actual Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es insuficiente para resolver el problema. Cortez destacó que si bien Chile posee una posición estratégica en el mercado minero, debe superar este obstáculo que perjudica directamente su productividad y competitividad.
El informe sugiere que si se hicieran mejoras metodológicas en solo 30 de los 400 permisos que un proyecto puede requerir, los tiempos de tramitación podrían reducirse a casi la mitad. Esto subraya que una intervención estratégica podría tener un impacto enorme en la eficiencia del proceso.
Un análisis paralelo realizado por Prisma Sofofa y la Universidad de Chile confirmó estos hallazgos, revelando que de 40 proyectos mineros en etapa de calificación en agosto, 122 trámites presentaron excesos en sus tiempos de tramitación.
