Santiago, Chile — Un informe actualizado de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha revelado un aumento preocupante en los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión minera en el país. El estudio, elaborado con datos hasta el 31 de diciembre de 2024, evidencia que los retrasos se concentran principalmente en un grupo de permisos sectoriales, con la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Aguas (DGA) como los principales puntos de conflicto.
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El análisis, que utiliza el asistente de inteligencia artificial CNEP-TITANIA, muestra que las concesiones marítimas mayores, bajo la Subsecretaría de las FF.AA., son el permiso individual más lento, con un promedio de 53 meses para su aprobación, el plazo más alto registrado hasta la fecha.
La Dirección General de Aguas (DGA) también presenta serios retrasos en sus autorizaciones. Los permisos para cambio de punto de captación y traslado de derechos de agua demoran, en promedio, 24 meses, con una tasa de rechazo superior al 30%. Por su parte, la modificación de cauces tarda 15 meses y tiene un 43% de rechazo, mientras que las obras hidráulicas mayores requieren 39 meses para su construcción y 22 para su recepción.
Un impacto directo en la inversión y la productividad
El informe de la CNEP confirma que estos retrasos en permisos sectoriales están extendiendo los plazos totales de los proyectos.
- Una explotación metálica básica nueva pasó de 7 años a 7 años y 8 meses.
- Una planta desaladora o acceso a agua de mar subió de 6 años y 2 meses a 10 años y 3 meses.
- La ampliación de una explotación metálica con relaves se extendió de 7 años y 3 meses a 9 años y 1 mes.
La CNEP enfatiza que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, los plazos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se han mantenido estables y dentro de los plazos legales. Esto confirma que el problema se concentra en un grupo selecto de permisos sectoriales. Las demoras burocráticas no solo afectan la viabilidad de los proyectos, sino que también impactan en la creación de empleos, lo que representa un obstáculo para el desarrollo productivo del país.
