El Perú lidera esfuerzos regionales contra la minería ilegal, un desafío que impacta la seguridad ambiental y económica de la región andina.
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Cooperación andina frente a la minería ilegal
En la XXXII Reunión del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y la II Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), celebradas en Lima, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN)—Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—reafirmaron su compromiso de enfrentar conjuntamente la minería ilegal. Descrita como una de las mayores amenazas para la seguridad regional y ambiental, esta actividad ilícita amplifica problemas como el lavado de activos y la trata de personas.
Félix Denegri Boza, viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, destacó la importancia de una estrategia articulada en la región. “El combate a esta amenaza exige coordinación regional y una política común para asegurar que los recursos naturales sean fuente de desarrollo y no de criminalidad organizada”, expresó. Gonzalo Gutiérrez Reinel, Secretario General de la Comunidad Andina, complementó señalando la necesidad de convertir la riqueza mineral en bienestar sustentable y compartido en las comunidades involucradas. Esta problemática también obtuvo atención internacional, con la participación de organismos como UNICRI y UNODC, y agencias de cooperación, reafirmando la centralidad de la cooperación tecnológica y científica.
Plan de acción y retos pendientes
En el marco del evento, los estados miembros renovaron su compromiso con el Plan de Acción Andino 2025–2030, diseñado para mejorar la investigación, la trazabilidad de los minerales y la colaboración interinstitucional. Carolina Lizárraga, presidenta de UNICRI, enfatizó que los crímenes ambientales, incluido el comercio ilegal de minerales, son una de las economías ilícitas de mayor expansión global. Lizárraga llamó a fortalecer los mecanismos que permitan rastrear los flujos ilegales de minerales, destacando el papel de la ciencia y la tecnología en esta labor.
Sin embargo, el Estado peruano enfrenta retos significativos en este ámbito. Días antes, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) emitió críticas hacia Perú por no cumplir sus obligaciones comunitarias, particularmente tras la prórroga del Registro de Formalización Minera (Reinfo), que afectó el proceso de inclusión de pequeños mineros y mineros artesanales en un marco formal. Además, observó retrasos en la aplicación de mecanismos como la extinción de dominio sobre bienes ilícitos, otorgando un plazo de 20 días hábiles para presentar sus avances al respecto.
