La ampliación del Reinfo hasta 2026 podría debilitar los esfuerzos contra la minería ilegal en Perú, según Roque Benavides.
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Proponen trazabilidad del oro para combatir la ilegalidad
El presidente de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, ha planteado la necesidad de implementar un sistema nacional de trazabilidad que permita certificar el origen del oro desde su extracción hasta su comercialización. Según el empresario, esta medida significaría un paso contundente para combatir la minería ilegal, destacando que las plantas procesadoras no deben convertirse en un eslabón débil dentro de la cadena productiva. Benavides realizó estas declaraciones mientras se analiza en el Congreso el proyecto de ley que busca extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026.
El ejecutivo enfatizó la urgencia de garantizar la trazabilidad, considerando que el vacío normativo actual podría facilitar la inserción de oro ilegal en los circuitos formales. “En el mundo ya no se compra oro sin trazabilidad. A las empresas formales nos exigen todo tipo de certificaciones, mientras los informales pasan desapercibidos”, afirmó Benavides al diario Gestión. En este contexto, la implementación de un sistema de certificación involucraría a todos los actores de la cadena, reforzando los mecanismos de supervisión en las plantas procesadoras.
La minería aurífera domina la formalidad peruana
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el oro lidera la actividad minera formal en Perú, con 273 empresas dedicadas a su producción, superando ampliamente a las de otros metales como el cobre (56) o el zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno. Las cifras reflejan una concentración de la minería formal en el oro, un metal que, además, ha alcanzado cotizaciones récord internacionales de más de US$4,000 por onza, superando expectativas de los analistas para fin de año.
No obstante, Benavides y otros expertos del sector han señalado que la posible ampliación del Reinfo podría debilitar los controles existentes, reintroduciendo a mineros previamente excluidos por no cumplir los requisitos de formalización. De aprobarse el proyecto de ley, el país podría enfrentar un nuevo escenario donde más de 50,000 mineros y cerca de 6,000 plantas de beneficio operen sin fiscalización efectiva, permitiendo que el oro de origen ilícito sea legalizado dentro de la cadena de suministro.
