El sector formal peruano registró un crecimiento de 12,8% en la inversión minera acumulada hasta agosto de 2025, mientras el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) insta a implementar trazabilidad para combatir el 40% del oro de procedencia ilícita.
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Inversión Sostiene el Dinamismo Sectorial
La minería formal en Perú consolidó una inversión acumulada de US$ 3.343 millones hasta agosto de 2025, marcando un incremento del 12,8% respecto al período anterior. Este dato, reportado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), reafirma la vitalidad del sector, con empresas clave como Southern Perú, Las Bambas y Antamina impulsando la actividad.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP, destacó en su columna del Semáforo Minero que este impulso exige estabilidad política y un marco regulatorio predecible para fomentar la exploración y el desarrollo sostenible. «Cada dólar invertido en proyectos formales fortalece la competitividad del Perú y genera bienestar en las regiones», afirmó Ortiz, enfatizando que la formalización y la promoción de la inversión son elementos esenciales para sostener la dinámica actual del sector.
Urgencia en Trazabilidad para el Oro
En respuesta al crecimiento del oro de procedencia ilegal, el IIMP respalda la propuesta de implementar un sistema nacional de trazabilidad para certificar el origen del mineral. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 40% del oro ilegal exportado en Sudamérica se origina en Perú, lo que subraya la criticidad de esta problemática.
La implementación de un mecanismo de trazabilidad moderno, basado en tecnología e interoperabilidad, es vista como una medida clave para cerrar los espacios al oro ilícito y garantizar la transparencia en la cadena de valor minera. Esto no solo responde a una necesidad interna, sino que también alinea al sector con las demandas de los mercados internacionales que exigen minerales obtenidos bajo estándares éticos y sostenibles.
Seguridad Frente a la Criminalidad Ilícita
El vicepresidente del IIMP alertó sobre la dimensión criminal que ha adquirido la minería ilegal, citando el reciente secuestro de 15 personas en Pataz, La Libertad, como ejemplo de la amenaza a la seguridad. Ortiz subrayó que la minería ilegal requiere una respuesta integral y articulada del Estado.
Si bien reconoció la relevancia de los operativos policiales, enfatizó que deben complementarse con políticas sostenidas de formalización, fiscalización rigurosa y el desarrollo de alternativas económicas para las zonas afectadas. La estrategia de seguridad, concluyó, es indispensable para que la minería formal mantenga su operatividad y su competitividad global.
