La Corte Suprema de Canadá rechazó la apelación presentada por Lundin Mining Corporation y dejó firme la autorización para que un grupo de accionistas demande a la compañía por no informar oportunamente el derrumbe ocurrido en la mina Candelaria, en la Región de Atacama, en octubre de 2017. El máximo tribunal estimó que existía una “probabilidad razonable” de que la acción prospere, reforzando la tesis de que “la divulgación adecuada es la base de la normativa de valores en todo Canadá”, frase que refleja el eje argumental del fallo.
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La decisión constituye un revés para la minera canadiense, que posee el 80% de la operación ubicada en Copiapó. La Corte Suprema confirmó el criterio del Tribunal de Apelaciones de Ontario, el cual concluyó que la inestabilidad del muro del tajo y el posterior desprendimiento de rocas afectaron directamente las operaciones de la faena y, por tanto, podían constituir un “cambio sustancial” en los términos de la Ley de Valores de Ontario.
Según el tribunal, la prueba disponible mostraba que el incidente tenía capacidad de alterar el funcionamiento normal de la mina, un elemento clave para determinar si debía ser divulgado de manera inmediata al mercado.
Un mes de silencio: caída operacional y desplome bursátil
El desprendimiento ocurrió el 31 de octubre de 2017, luego de que Lundin detectara inestabilidad en la pared este del tajo. El hecho obligó al cierre parcial de Candelaria. Sin embargo, la compañía comunicó públicamente el evento recién el 29 de noviembre del mismo año, al actualizar su guía operacional y proyectar una reducción de casi 20% en su producción estimada para 2018.
La reacción del mercado fue inmediata: el 30 de noviembre las acciones de Lundin cayeron 16% en la Bolsa de Toronto, lo que significó una pérdida superior a US$ 715 millones en capitalización bursátil. La producción efectiva en 2018 confirmó el impacto: Candelaria elaboró 101 mil toneladas de cobre fino, una caída del 32% frente a las 150 mil toneladas de 2017.
Demanda colectiva avanza en Ontario
La decisión de la Suprema permite que la demanda colectiva siga su curso ante la Corte Superior de Justicia de Ontario. El caso fue iniciado en enero de 2018 por el inversionista Dov Markowich, quien compró 10.000 acciones de Lundin entre el 15 y el 27 de noviembre de 2017, periodo en el que el derrumbe aún no había sido revelado.
Markowich acusa incumplimiento de las obligaciones de divulgación oportuna y solicita indemnizaciones por daños generales y punitivos por un total de 185 millones de dólares canadienses. La demanda representa a todos los inversores que adquirieron acciones entre el 25 de octubre y el 29 de noviembre de 2017.
Debate central: cambio sustancial versus hecho sustancial
El nudo del caso radica en determinar si el derrumbe constituye un “hecho sustancial”, que puede divulgarse periódicamente, o un “cambio sustancial”, que exige comunicación inmediata. Los jueces consideraron que el incidente impactó directamente las operaciones y las proyecciones de producción, cumpliendo así los requisitos de un cambio sustancial.
Tras el fallo, Lundin señaló que “defenderá enérgicamente la acción” y enfatizó que la corte aún no ha resuelto el fondo del caso.
