El Congreso aprobó una prórroga de un año para los permisos Reinfo, mecanismo cuestionado por las grandes mineras y respaldado por amplios sectores sociales.
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Una decisión que profundiza un debate de una década
El Congreso peruano aprobó una extensión hasta fines de 2025 de los permisos Reinfo, autorizaciones temporales que permiten a los mineros informales —principalmente dedicados al oro y al cobre— operar con requisitos más flexibles que los exigidos a la industria formal. La medida, que aún requiere la firma del presidente José Jeri, marca un nuevo capítulo en una controversia que se arrastra desde hace casi diez años y que enfrenta directamente a pequeños productores con compañías de gran escala.
La prórroga reaviva un conflicto estructural entre minería informal, economía local y protección de la industria formal, esto resume la sensibilidad política y económica del debate.
El peso económico de la informalidad minera
Perú es el mayor productor de oro de Sudamérica y uno de los principales proveedores de cobre en el mundo. El contexto de precios cercanos a máximos históricos ha incentivado a cientos de miles de personas a extraer minerales de forma autónoma, ampliando la escala de la actividad informal.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, el valor de la minería ilegal de oro asciende este año a unos US$12.000 millones, lo que da cuenta del atractivo económico que representa para poblaciones sin acceso a empleo formal. En este escenario, los permisos Reinfo han buscado entregar una vía transitoria hacia la formalización, aunque diversos gobiernos reconocen que los avances han sido limitados.
Tensiones con la industria formal y pugnas territoriales
La industria minera formal rechaza la extensión de los Reinfo, argumentando que la coexistencia de ambos sistemas genera competencia desleal y profundiza los conflictos de superposición territorial. En regiones como Apurímac y La Libertad, las disputas han escalado a niveles de violencia significativa.
Proyectos como la mina Las Bambas de MMG, Los Chancas de Southern Copper o las operaciones de Minera Poderosa en Pataz han enfrentado bloqueos, enfrentamientos y ataques vinculados a organizaciones de minería informal. En esta última zona, decenas de personas han muerto en los últimos años en disputas abiertas por el control de yacimientos auríferos.
El debate político también ha evolucionado. Aunque Perú otorga derechos mineros para resguardar inversiones formales, algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de revocar concesiones consideradas “subutilizadas” y reasignarlas a operadores informales, una idea que ha generado alarma en el sector privado.
Un conflicto que seguirá en la agenda
Los defensores de la prórroga señalan que miles de familias dependen de la minería artesanal y que el Estado debe ofrecer rutas viables de integración económica. Los detractores, en cambio, advierten que la medida consolida la informalidad y aumenta los riesgos de violencia, daño ambiental y pérdida de recaudación fiscal.
Con la aprobación legislativa asegurada y un país que enfrenta desafíos económicos y sociales profundos, la discusión sobre la formalización minera volverá a ocupar un lugar central en 2025.
