Managua. El avance de empresas mineras chinas en Nicaragua ha adquirido una dimensión inédita en los últimos dos años, luego de que el Gobierno otorgara cerca de 800 mil hectáreas en concesiones a compañías del gigante asiático, consolidando un giro estratégico en la política extractiva del país. El más reciente episodio de este proceso quedó formalizado con la entrega de un nuevo permiso a cielo abierto a la empresa Nicaragua Xiajing Minería Group S.A., publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas, la concesión abarca una superficie de 13.350 hectáreas en el lote denominado Cerro Simón–Lugar El Socorro, ubicado en el municipio de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El título habilita el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, ampliando la presencia de capitales chinos en zonas de alta sensibilidad ambiental y social.
Expansión acelerada y cuestionamientos legales
Con este nuevo permiso, el Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo suma cerca de 40 concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en apenas dos años, muchas de ellas localizadas en territorios indígenas o áreas de conservación. Entre los casos más controvertidos se cuentan concesiones que se superponen con la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, uno de los principales patrimonios naturales del país.
Organizaciones ambientales han advertido que esta política vulnera la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las regiones autónomas del Caribe. La Fundación del Río ha sostenido que el otorgamiento de concesiones sin procesos de consulta previa constituye una infracción directa al marco legal vigente y debilita los mecanismos de protección territorial.
Cambios normativos y presión sobre áreas protegidas
Las críticas se intensificaron tras la aprobación, el pasado 6 de mayo, de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas del país. Para organizaciones ambientalistas, esta modificación normativa abrió la puerta a una mayor flexibilidad en el uso extractivo de territorios previamente resguardados, favoreciendo la expansión minera.
Relacionados
A ello se suma la denuncia del crecimiento de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva del Río San Juan, fenómeno que —según los críticos— estaría siendo indirectamente legitimado mediante la entrega de concesiones formales en zonas colindantes.
Impacto económico y debate de fondo
Desde la perspectiva oficial, el sector minero se ha consolidado como uno de los pilares de la economía nicaragüense. De acuerdo con datos del Banco Central, las exportaciones mineras alcanzaron US$1.391,6 millones en 2024, con un crecimiento interanual del 20,1%. Hasta fines de 2023, el país contabilizaba 299 concesiones mineras vigentes, de las cuales 172 correspondían a minería metálica.
No obstante, para sectores opositores agrupados en la Plataforma de Unidad por la Democracia, la entrega masiva de territorios a empresas chinas constituye un “ecocidio” y un riesgo estructural para las comunidades indígenas y los ecosistemas estratégicos. La discusión de fondo, advierten, no es solo económica, sino también institucional y ambiental, en un contexto donde la definición de un desarrollo sostenible sigue siendo un desafío pendiente.
