Tras conocerse la reforma tributaria del Gobierno, los representantes gremiales del rubro aseguraron que desde el Ejecutivo «no escucharon» los argumentos de especialistas en la materia.
«El diseño de royalty mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión».
Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó hoy los cambios que planea implementar el Gobierno al proyecto que establece un royalty minero y que está siendo tramitado en el Senado. De esta forma, y como parte de la esperada reforma tributaria, el Ejecutivo buscará cambiar la iniciativa original y anunció que la próxima semana ingresará una indicación sustitutiva al proyecto que apunta a configurar nuevo régimen para la gran minería del cobre.
Según lo explicado por Marcel, con estos cambios, el cobro pretendido a las empresas dedicadas a la minería ahora afectaría sólo a aquellas que tengan una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, estableciendo un royalty tendría dos componentes: el primero es «ad valorem» -basado en el valor del mineral- que oscilará entre tasas efectivas de 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 toneladas
El segundo componente e sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra.
Con todo, desde la industria minera no quedaron conformes con estos cambios.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, lamentó que «todos los argumentos para tener un buen diseño de royalty minero que se dieron durante los diálogos sociales para la reforma tributaria, tanto nuestros como de múltiples especialistas, no hayan sido considerados por el Gobierno».
En ese sentido, el representante adelantó que «preliminarmente, se trata de una propuesta dañina para el sector en el mediano y largo plazo», pues argumentó que «la combinación de un royalty ad valorem de hasta 4%, que distingue por tamaño de faenas y no por márgenes operacionales, más un componente sobre rentabilidad, que aumenta con el precio del cobre y no según los márgenes, daña gravemente la competitividad de la industria minera y, por consiguiente, no generará un mayor aporte al país de manera sostenida».
«El diseño de royalty mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión». Mario Marcel, ministro de Hacienda
«El Gobierno, en su presentación, señaló que con la propuesta el Estado captura alrededor de dos tercios de la renta económica. Esta carga tributaria de cerca de 66% escapa de todo margen razonable de competitividad tributaria con otros países mineros a nivel internacional, la que se sitúa en torno a un 40%. Con la propuesta del Gobierno, tal como se conoce hasta hoy, habrá un rotundo desincentivo a la inversión en minería en Chile», agregó.
Bajo ese contexto, y frente a los cambios anunciados por el Gobierno, Villarino reprochó que «da la impresión que predominó el interés por buscar un punto medio entre la propuesta de la Cámara de Diputados y la del Senado, abandonando la preocupación por encontrar una fórmula técnicamente sólida para una discusión relevante para nuestro país y su sector minero».
«Resulta necesario aclarar que no sólo el aumento del royalty va a impactar a las empresas mineras. Otras propuestas de esta reforma también afectarán a la minería. Como siempre, manifestamos nuestra disposición a participar durante la tramitación legislativa del proyecto y entregar toda la información necesaria para que el proceso incorpore los elementos técnicos de los que carece», concluyó.
«Una reforma ambiciosa»
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, también aseguró que «el royalty ad-valorem es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto disminuyendo la competitividad del sector, lo que es dañino para el país».
Con una opinión similar a la de Villarino, el directivo de Sonami aseguró que el sector minero «siempre ha estado disponible para conversar y aportar en el financiamiento del mayor gasto social que contempla el programa del actual Gobierno». Por ello, reprochó que «es complicado aplicar una reforma tan ambiciosa en un escenario de alta inflación y señales de recesión económica». Finalmente, Hernández criticó que el Ejecutivo no haya «considerado nuestra opinión», pese a asegurar que Sonami participó en diversas instancias de diálogo con el Ministerio de Hacienda.
Fuente: Emol.com
