Es una de las aristas principales que llevó adelante el Ministerio Público en los casos de financiamiento ilegal de la política. Este 1 de febrero se dará inicio a un proceso judicial cuya preparación duró más de un año. La Fiscalía está pidiendo penas privativas de libertad, pero desde las defensas aseguran la inocencia de sus representados y critican al Ministerio Público por la extrema dilatación de esta causa. Los querellantes, en tanto, de Ciudadanía Inteligente, esperan resultados favorables y ejemplificadores.
En 2015 se destapaba uno de los casos que impactó a los partidos políticos del país. Personeros de todos los sectores políticos estaban bajo la lupa del Ministerio Público al descubrirse un modelo de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera no metálica SQM. A ocho años del inicio de esta causa, que surgió como una arista del caso Penta, este miércoles 1 de febrero comienza a llegar a su capítulo final. Para este miércoles está contemplado que el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami deberán presentarse ante tribunales.
El exsenador de la UDI arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho, mientras que para el cineasta la Fiscalía solicitó 4 años de cárcel, acusado de delitos tributarios.
Si bien en esta audiencia solo serán 8 los imputados, ya que en un momento la causa mantuvo a 180 personas siendo investigadas por la Fiscalía, finalmente la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha ha habido solo 10 condenas.
Los otros acusados que están citados a este juicio son el exgerente general de SQM Patricio Contesse; Carmen Valdivielso, secretaria de Longueira; Roberto León, exdiputado, Marisol Cavieres, secretaria de la presidencia de la UDI, Cristián Warner, exsecretario general del Partido Progresista, y Marcelo Rozas, exembajador.
Registros del Ministerio Público dan cuenta que el caso SQM es uno de los más extensos de la historia. Incluso, Marco Enríquez-Ominami se ha presentado dos veces como candidato presidencial mientras seguía abierta esta investigación.
Desde las defensas alegan una dilatación excesiva del juicio. “Aquí tenemos fiscales que tienen carga exclusiva de este caso, que reciben viáticos y que han dilatado esta investigación. Esto afecta al derecho y a la justicia. No tiene justificación, salvo que hay fiscales que han dilatado esta investigación. Toda la responsabilidad es de ellos”, afirma a La Tercera PM, Alejandro Espinoza, abogado de Pablo Longueira.
En la misma línea Ciro Colombara, defensor de Marco Enríquez-Ominami, realiza una fuerte crítica al Ministerio Público, acusando que ha sido demasiado el tiempo que se han tomado para llegar a este juicio oral. “Pese a que hay varios abogados y abogadas con dedicación exclusiva al caso lo han dilatado lo indecible y han cometido errores que significan que a 24 horas del inicio del juicio oral aún no tengamos el auto de apertura definitivo, el cual tendrá casi 6.000 páginas”, sostiene el profesional.
Además, ambos abogados aseguran que probarán la inocencia de sus representados durante el juicio. “Después de 8 años hemos llegado al juicio que siempre hemos querido, que es un juicio público, ante la ciudadanía, para demostrar la inocencia de mi representado. Por eso hemos rechazado todas las propuestas de término por acuerdo por parte de la Fiscalía”, asegura Espinoza.
Uno de los primeros querellantes de este caso es Fundación Ciudadano Inteligente, que luego pasó a llamarse Ciudadanía Inteligente. Desde la organización ven de manera negativa la forma en que se ha llevado el caso debido al escaso número de políticos que han sido condenados por los delitos que en su momento fueron investigados.
Octavio del Favero, director ejecutivo de la ONG, hace un llamado a la Fiscalía a tener la responsabilidad suficiente en este caso que a su juicio es de máximo interés para la sociedad.
“Este caso es una prueba de fuego, especialmente para el nuevo fiscal nacional, para demostrar su compromiso para poner término a este capítulo vergonzoso de la política chilena, y también el de los tribunales con perseguir de manera decidida los delitos de corrupción”, comenta Del Favero a La Tercera PM.
Por otro lado, desde la organización han solicitado las máximas penas por cohecho y delitos tributarios a los imputados. “Esperamos la rigurosidad y el máximo empeño por parte de los distintos actores involucrados, por tanto, que en este caso se establezcan de forma clara las responsabilidades de las personas correspondientes y las sanciones adecuadas de acuerdo a la gravedad de los hechos que se están investigando”, concluyó el abogado.
Fuente: La Tercera
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