«El proyecto de la Empresa Nacional del Litio se ingresará a finales del segundo semestre del 2023, después de un proceso amplio de diálogo con las comunidades de los territorios donde se encuentran los salares». Así lo aseguró la ministra de Minería, Marcela Hernando, explicando que en la gestación de esta norma «vamos a generar instancias para escuchar a todos incumbentes, autoridades, académicos, gremios, empresas, es decir, nuestro propósito es presentar un proyecto de ley que cuente con un amplio consenso».
Respecto del proyecto de royalty minero, que fue aprobado por amplia mayoría en el Senado, la secretaria de Estado consideró que tal éxito fue viabilizado con un acuerdo amplio «que refleja el compromiso de nuestro Gobierno con el diálogo y la capacidad de alcanzar consensos amplios, que den viabilidad a proyectos de ley que benefician al país, especialmente esta propuesta que cuenta con un fuerte componente de descentralización y equidad territorial».
Hernando señaló que «el trabajo legislativo ha hecho de este proyecto, una propuesta robusta y coherente con la necesidad dotar con mayores recursos a las regiones y comunas, para dar respuestas a las urgencias de la ciudadanía».
Las etapas del proceso
Al momento de la presentación de su estrategia para la Empresa Nacional del Litio el mes pasado, el Gobierno definió un desarrollo en tres etapas. La primera, consistirá en un proceso participativo cuyo inicio está previsto para junio. En la segunda, se realizará la integración y sistematización de los elementos planteados en la etapa anterior para entregársela al Presidente, y la tercera consistirá en la difusión de los resultados de este proceso.
Entre los primeros hitos destaca el inicio de los diálogos con las comunidades y los pueblos originarios en las zonas donde se ubiquen los salares, para lo cual prepara la conformación de un equipo técnico, una convocatoria a grupos de interés y la asignación de roles y recursos internos.
El diseño de este proceso tiene como marco de referencia los acuerdos internacionales ratificados por Chile (Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú), estándares internacionales para la minería en el ámbito del relacionamiento con grupos de interés (IRMA, ICMM) y la propia normativa de los ministerios de Minería y del Medio Ambiente en materia de procesos de participación ciudadana y planes de Derechos Humanos.
Los objetivos del Gobierno para la creación de la Empresa Nacional del Litio apuntan a articular los esfuerzos futuros de acción público-privada, aumentando la producción nacional, atrayendo a nuevos actores y expandiendo la industria a través de iniciativas conjuntas.
Fuente: Diario Financiero
