La presentación de la nueva estrategia nacional del litio reabrió el debate sobre la participación del Estado en la actividad económica.
¿La razón? Uno de los principales puntos es la creación de la Empresa Nacional del Litio, que estará encargada de implementar el rol estratégico que tendrá el Estado en la explotación del denominado «oro blanco» hacia adelante, donde será accionista mayoritario en el desarrollo de nuevos salares.
Un informe elaborado por el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) aprovecha dicha coyuntura para analizar el desempeño que han tenido las empresas donde el Estado es accionista mayoritario, en términos de cuánto le han aportado al Fisco y cuántos recursos han recibido para sostener su operación.
Acorde al análisis, sin considerar a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), cada año le cuesta al Estado casi US$ 300 millones solventar la operación de las firmas estatales, considerando el balance de los últimos 20 años y la diferencia entre lo que le aportan y lo que reciben de parte del gobierno en cada ejercicio.
La cifra resulta del análisis de las transferencias netas entre el Gobierno Central y las 17 compañías donde el Fisco es el dueño mayoritario para el período 2001-2021.
De esta manera, en el citado lapso Codelco recibió US$ 7.104 millones desde su controlador, mientras que aportó a las arcas fiscales US$ 63.383 millones vía resultados. Esto deriva en transferencias netas desde la empresa al Fisco por US$ 56.279 millones en el ciclo.
Al contrario, el resto de las firmas recibieron US$ 9.006 millones de parte del Estado y solo le aportaron US$ 3.030 millones. A esta partida se le agrega US$ 130 millones que las empresas le aportaron a las municipalidades en el período.
¿El saldo? En los últimos 20 años ese grupo de empresas ha recibido US$ 6.106 millones en transferencias netas de parte de su dueño, lo que implica desembolsos promedio para solventar sus operaciones de alrededor de US$ 300 millones por año. Según los cálculos de LyD, dichos recursos equivalen a la construcción de 6.500 viviendas sociales por año en el país.
Además de Codelco, la otra estatal que registra una mayor entrega de recursos respecto a los que recibe es la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), con un saldo de US$ 111 millones.
El detalle
En el período analizado por LyD, se consigna que en promedio Codelco le aportó a las arcas públicas US$ 2.814 millones al año. ENAP, en tanto, entregó una media de US$ 5 millones por año.
«Esta es una rentabilidad muy modesta considerando que el capital estatal invertido en ENAP es de US$ 1.622 millones, lo que implica una tasa de rentabilidad de solo 0,3% anual en los últimos 20 años. El uso alternativo de ese capital podría ser mucho más rentable para el Estado, dado que bonos libres de riesgo generarían una mayor rentabilidad que la que está obteniendo ENAP. Lo anterior toma mayor relevancia cuando durante este gobierno ha buscado impulsar nuevas inversiones en la empresa para competir en el mercado del gas», señala el documento.
En el resto de las sociedades, apunta el análisis, el resultado da cuenta de la necesidad de debatir qué problemas se pueden solucionar en cada una de las firmas y estudiar si existen «formas menos costosas de resolverlos».
«También, parece innecesario que algunas empresas sigan al alero del Estado. Por ejemplo, la Zofri, que se transa en Bolsa de Santiago, donde el 71% de la propiedad es estatal. No parece haber un rol público en que el Estado sea dueño de un mall y es posible que al ponerse en venta ese 71% sea rápidamente comprado por el sector privado», agrega el documento.
Las propuestas del gobierno
LyD recuerda que en el programa de gobierno que el hoy Presidente Gabriel Boric preparó para la primera vuelta presidencial de 2021, se contemplaba una «extensa» lista de nuevas compañías estatales, como la Empresa Nacional de Redes de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Hidrógeno Verde, la Empresa Nacional del Litio, la Empresa Pública Comercializadora de Materiales de Construcción, la Empresa Pública de Industrialización de Vivienda Sustentable, la Empresa Pública de Administración y Desarrollo de Infraestructura, además de una nueva Banca de Desarrollo.
En la segunda vuelta, dicho programa se redujo, pero también contempló por ejemplo el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y el Administrador Público de Pensiones (APA).
«Actualmente, el número de las empresas estatales es acotado, pero salvo Codelco y ENAP, el resto de las compañías han requerido cuantiosas transferencias desde el Gobierno Central para seguir funcionando, lo que ha significado la inversión de cuantiosos recursos estatales que podrían tener usos más rentables, por ejemplo, en la solución de problemas sociales. Es por ello que la alta predisposición de la actual administración por crear nuevas empresas estatales, como por ejemplo para explotar el litio, debiera ser reconsiderada», concluye el texto.
Fuente: Diario Financiero
