Según el consorcio CBM, la cuprífera estatal no informó mediante hecho esencial el fin del contrato anticipado por el proyecto Rajo Inca. «Esto reviste la mayor gravedad», acusan.
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Siguen escalando los roces en torno al proyecto Rajo Inca de Codelco, es que ahora se abrió nuevo capitulo por el conflicto entre el consorcio internacional chileno-bielorruso CBM, conformado por las empresas Movitec S.A. y Belaz y compañía estatal chilena.
Esto, porque la firma bielorrusa decidió denunciar a Codelco ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ¿La razón? A través de un comunicado, aseguran que cometió infracciones al no comunicar como hecho esencial el término anticipado del contrato con Movitec y Belaz.
Junto con ello, acusan una «actuación arbitraria e injustificada al no entregar información a entes fiscalizadores como la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados».
El abogado Eduardo Lagos del consorcio Blaz Movitec, profundizó al respecto y enfatizó en que «tanto el presidente ejecutivo como su directorio han cometido una serie de graves y sustanciales infracciones a la normativa vigente, es por ello, que hemos concurrido ante la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero solicitando que se proceda a instruir todas las medidas investigativas y sancionadoras con el máximo rigor que la ley y las facultades le conceden. Atendido el mérito de una serie de situaciones irregulares que se han cometido desde el momento en que se toma la decisión de poner término anticipado que regía entre Codelco y mi representado».
La denuncia radica en que «en febrero pasado la estatal decidiera rescindir del contrato que mantenía con el consorcio -con uno de los principales contratistas propietaria de camiones de gran tonelaje- que tenía como finalidad movimiento de material para la preproducción (prestripping) y construcción de caminos del proyecto estructural Rajo Inca con la que se buscaba extender la vida útil de la división Salvador por más de 40 años».
En detalle, desde la firma bielorrusa aseguran que hay tres argumentos en los que se basa la denuncia. La primera es porque «Codelco cometió una grave y sustancial infracción a la normativa pertinente, al no haber publicado como hecho esencial la decisión adoptada por su directorio, a través de su Presidente Ejecutivo, de terminar de forma anticipada y unilateral un contrato ascendente a un valor $158.604.544.235».
Esta determinación, aseveran en la denuncia, «ha traído cuantiosos efectos económicos, revistiendo ineludiblemente un elevado impacto y connotación pública, constituyendo igualmente bajo cualquier parámetro un hecho que resulta clave para cualquier futura decisión de inversión».
La segunda infracción sería la negativa «arbitraria e injustificada a entregar información a entes fiscalizadores»
Según afirman, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se negó a remitir las «actas de sesiones del directorio donde conste la discusión completa y el día en que se tomó la decisión de prescindir anticipadamente del contrato con el consorcio».
Es frente a ello que complementan que a la fecha 29 de marzo de 2023, informó que «la facultad de prescindir de un contrato corresponde a la administración, en particular al Presidente Ejecutivo», razón por la cual «no existen actas donde conste la decisión, toda vez que esta recayó en la Administración, y fue debidamente puesta en conocimiento del directorio», negándose en definitiva a proporcionarla”.
Según la acusación, «esto reviste la mayor gravedad», teniendo a la vista que conforme al propio Código de Gobierno Corporativo de Codelco.
Asimismo, aseguran «que no es efectivo» lo expuesto por el presidente de Codelco, en cuanto a que la facultad de prescindir de un contrato corresponde a la administración, en particular al Presidente Ejecutivo, por cuanto dicha potestad no le corresponde a este último «per se», si no que necesariamente el actual directorio debió haberle delegado a Pacheco expresamente dicha prerrogativa y no existe constancia en acta.
La última infracción denunciada es «por terminar anticipadamente contrato y el cobro de boletas de garantía ya que la comunicación se hizo por correo electrónico y por carta certificada», cierra el comunicado.
Fuente: Emol.com
