Hasta el 29 de mayo, los sectores productivos con el mayor número de proyectos judicializados en Chile son energía (29%), inmobiliario (18%), infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%). El monto total de inversión comprometida es de alrededor de US$10.520 millones. Estas cifras son menores en comparación con los datos proporcionados en febrero, cuando se reportaron 62 proyectos judicializados por un valor de US$11.516 millones.
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Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), actualmente hay 65 proyectos de inversión en proceso de judicialización. De ellos, 39 son Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 25 son Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
El 85% de los proyectos judicializados tienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, el 14% ha recibido un permiso ambiental desfavorable y el 1% restante aún está en evaluación.
Entre los proyectos más costosos con RCA favorable y que están judicializados se encuentran el Proyecto Línea 7 del Metro (US$2.528 millones), el Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví (US$2.000 millones), el Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones-Polpaico (US$1.000 millones), el Proyecto Blanco (US$527 millones) y el Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL (US$500 millones).
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Expertos en derecho ambiental han planteado propuestas para disminuir la judicialización en proyectos de inversión. Algunas de ellas incluyen fortalecer la participación ciudadana, mejorar el proceso de consulta indígena, establecer instancias de coordinación entre comunidades y proponentes después del Informe Consolidado de Evaluación, y modificar el sistema recursivo de los Tribunales Ambientales.
La judicialización de proyectos de inversión ha generado incertidumbre, demoras y mayores costos de evaluación. Para fomentar la reactivación económica y reducir el déficit de vivienda, se ha señalado la necesidad de contar con reglas claras y evitar cambios de criterio durante los procedimientos de evaluación.
Según el SEA, la impugnación judicial de proyectos aprobados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es baja, representando solo el 5,5% de los proyectos aprobados entre 2014 y 2023. No obstante, se reconoce que el acceso a la justicia ha mejorado y la sociedad civil cuenta con una mayor organización y asesoría técnica y jurídica.
Los motivos para la judicialización de proyectos varían, desde preocupaciones por impactos en la salud y el medio ambiente hasta la protección de recursos naturales, áreas protegidas, patrimonio cultural y paisaje. Los conflictos ambientales previos en determinados territorios también influyen en la judicialización.
En resumen, la judicialización de proyectos de inversión en Chile ha generado la necesidad de revisar los procesos de evaluación ambiental, fortalecer la certeza jurídica y promover una participación ciudadana más efectiva. El objetivo es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, evitando demoras y asegurando la sostenibilidad en el largo plazo
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Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), enfatizó la importancia de perfeccionar la normativa actual para garantizar una verdadera certeza jurídica. Destacó que el exceso de instancias de reclamación y el uso del recurso de protección en materia ambiental generan incertidumbre, demoras y desincentivan las inversiones. En lugar de ello, se requiere establecer reglas claras para todos los actores, evitando cambios de criterio durante el proceso de evaluación y así cumplir con las expectativas de los proyectos.
Por su parte, desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) señalaron que, si bien ha habido un aumento en las acciones judiciales contra las resoluciones y actos administrativos relacionados con la evaluación de impacto ambiental, solo el 5,5% de los proyectos aprobados entre 2014 y 2023 ha sido judicializado. Consideran que esto se debe a un mayor acceso a la justicia por parte de una sociedad civil mejor organizada y con asesoría técnica y jurídica.
El SEA también indicó que los motivos de la judicialización varían según el tipo de proyecto, su envergadura y su ubicación. En ocasiones, las comunidades se oponen a proyectos cercanos a sus hogares o lugares de actividad, preocupadas por posibles impactos en su salud y modo de vida. También se observa una preocupación por la protección de los recursos naturales, áreas protegidas, patrimonio cultural, paisaje y turismo. La judicialización tiende a ser mayor en territorios con conflictos ambientales previos relacionados con proyectos anteriores.
Para reducir la judicialización, se propone fortalecer la participación ciudadana, mejorar los procesos de consulta indígena, establecer instancias de coordinación entre las partes interesadas y los proponentes, y realizar cambios en el sistema recursivo de los Tribunales Ambientales.
En conclusión, se requiere un enfoque integral que combine reglas claras, participación ciudadana efectiva y un sistema de evaluación ambiental sólido para disminuir la judicialización en proyectos de inversión. Esto permitirá generar certeza jurídica, promover la reactivación económica y garantizar un equilibrio adecuado entre el desarrollo y la protección del medio ambiente.
Fuente: La Tercera
