Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández no pueden volver a revisar el proyecto, Cristián Delpiano migrará al Tribunal con sede en Santiago y otro cupo continúa vacante.
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La sorpresiva definición de la Corte Suprema en torno al polémico proyecto minero-portuario Dominga -ligado a Andes Iron- dejó varias interrogantes sobre la mesa. Esto, luego de que el máximo tribunal ordenara regresar el caso al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para que resuelva si la iniciativa se ajusta a la normativa ambiental vigente.
La instancia encomendada para tomar la próxima definición en torno al proyecto no está en condiciones de cumplir el cometido. ¿La razón? Sólo uno de los cinco ministros que integran el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta podría analizar el caso: el licenciado en Ciencias, Fabrizio Queirolo, quien ejerce en calidad de ministro suplente.
El tribunal está compuesto por tres ministros titulares y dos suplentes. Dos de esos ministros titulares, Mauricio Oviedo (presidente) y Marcelo Hernández, no podrían participar en la revisión del caso cuando llegue a esta instancia, porque ya intervinieron en la sentencia que hoy está anulada. A esto se suma que el tercer ministro titular -que corresponde a un abogado- hoy está vacante, luego de que Daniel Guevara culminara en junio su período de dos años. Para llenar este cupo se abrió un proceso por Alta Dirección Pública.
En el caso de los suplentes, si bien el abogado Cristián Delpiano continúa en dicho rol, está próximo a jurar en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, por lo que se gatillará un nuevo cupo.
Ante este escenario, según la ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se debe subrogar estos cupos por ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En este caso, si bien queda en poder de la Corte la designación de la cantidad de reemplazos, la instancia designaría hasta dos ministros. Esto, porque para ver un caso, se requieren tres: dos abogados y uno licenciado en Ciencias.
“Si la (revisión) fuera mañana, la Corte de Antofagasta tendría que nombrar dos ministros de su staff”, comenta el abogado de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, Eduardo Ugarte. El experto agrega que la incertidumbre en cuanto a la conformación del Tribunal podría provocar que, cuando baje el expediente a la Corte, el propio Tribunal pida una definición o una de las partes del caso lo haga.
El profesor de Derecho de los Recursos Naturales de la U. Católica, Winston Alburquenque, plantea que “en general los ministros de Corte no están acostumbrados a compartir estrado con técnicos, por lo que debería ser un fallo muy centrado en aspectos jurídicos, especialmente en este caso, que viene la nueva participación del Tribunal Ambiental desde una sentencia de la Corte Suprema”.
