Durante miles de años, el ser humano ha respetado la oscuridad y el silencio que se sumerge hasta los 6.500 metros de profundidad en las aguas abisales de los océanos. Sin embargo, la tecnología ha hecho posible lo que fuera ciencia ficción. Y ya se pueden extraer minerales esenciales para la transición verde (aerogeneradores, móviles, baterías eléctricas) de las profundidades. Los posibles beneficios son colosales; también, según muchas voces, el daño al medio ambiente.
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En 1994, las Naciones Unidas crearon la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para asegurar que los minerales extraídos de las aguas internacionales beneficiarían a la humanidad. Esta organización cuida del 40% de la superficie del planeta y toma decisiones a través de un pequeño consejo rotatorio de 36 miembros en representación de los 167 países que ratificaron la Ley del Mar. Estados Unidos participa como observador. Sin embargo, recientes investigaciones de Los Angeles Times y The New York Times revelan la cercanía entre la secretaría de la ISA y ciertas firmas mineras, así como la presión ejercida sobre algunas naciones débiles para que las respalden.
En medio de esta situación, Nauru, una diminuta isla del Pacífico, advierte que el tratado de Naciones Unidas exige a la ISA que las negociaciones se terminen en dos años, lo que les daría derecho a explotar los minerales a partir del próximo julio. Nauru avala a la start-up canadiense The Metals Company (TMC), pero la compañía se compromete a completar una exhaustiva evaluación de impacto ambiental y social antes de comenzar a operar.
La presión y los intereses geopolíticos son cada vez mayores. TMC tiene tres contratos exploratorios, pero China tiene el mayor número: cinco. Otros países como Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, India, Corea, Rusia y Singapur también tienen acuerdos de exploración aprobados por la ISA. Mientras tanto, Lockheed Martin ha vendido su filial a la firma noruega Loke Marine, y la compañía Maersk abandona esta industria. Empresas como Samsung, BMW, Google, Renault, Volvo o Philips piden una moratoria para comprender mejor las consecuencias medioambientales. Algunos países como Chile, Costa Rica, Ecuador, Nueva Zelanda y España también apoyan esta idea, mientras que Francia exige una prohibición absoluta.
Los nódulos polimetálicos son el principal objetivo de estas empresas en las profundidades del océano. Estos nódulos, que contienen manganeso, cobre, cobalto, níquel y trazas de tierras raras, se encuentran a una profundidad de entre 4.000 y 6.500 metros, principalmente entre México y Hawái. La recolección de estos nódulos requiere menos energía que la minería tradicional y su tratamiento es más fácil debido a la mayor concentración de metales. Aunque algunas empresas ya han realizado pruebas y recolectado toneladas de nódulos, la normativa necesaria para su explotación aún no se ha aprobado. En julio, es poco probable que se apruebe la normativa, lo que significa que ninguna compañía podrá explotar los minerales de manera oficial.
A pesar de esto, la controversia continúa. La Ley del Mar establece que los Estados tienen derecho a explorar y explotar los recursos naturales, incluidos los minerales, hasta 200 millas náuticas de sus costas. Noruega ha habilitado una extensa zona de 329,000 kilómetros cuadrados para estudiar la viabilidad de la extracción de minerales en aguas cercanas a sus costas. La agencia pública Norwegian Petroleum Directorate (NPD), encargada de regular los recursos, ha descubierto cantidades significativas de cobalto, cobre, manganeso, níquel y tierras raras.
Mientras tanto, diversas voces se alzan en preocupación por los posibles impactos ambientales de la minería en aguas profundas. Empresas como Samsung, BMW, Google, Renault, Volvo y Philips solicitan una moratoria para comprender mejor las consecuencias de esta actividad. Algunos países, como Chile, Costa Rica, Ecuador, Nueva Zelanda y España, también respaldan esta postura. Francia, por su parte, va más allá y exige una prohibición total de la minería en aguas profundas.
La disputa entre los intereses económicos y la preservación del medio ambiente continúa sin resolverse. Mientras las empresas buscan obtener beneficios económicos y los países luchan por asegurar sus recursos, la comunidad internacional debe encontrar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la protección de los ecosistemas marinos. El futuro de la minería en aguas profundas y su impacto en el medio ambiente está aún por determinar, pero una cosa es segura: se necesitará una regulación efectiva y un enfoque cuidadoso para garantizar la preservación de estos ecosistemas únicos y vitales para nuestro planeta.
El debate sobre la minería en aguas profundas continúa generando tensiones y preocupaciones a nivel global. Mientras algunas empresas y países buscan aprovechar los minerales esenciales para la transición verde, otros advierten sobre los posibles riesgos ambientales y sociales que esta actividad conlleva.
La extracción de minerales en las profundidades del océano plantea desafíos únicos. Los nódulos polimetálicos son recursos valiosos, pero su recolección implica adentrarse en ecosistemas frágiles y poco conocidos. Las implicaciones para la biodiversidad marina y los hábitats submarinos podrían ser significativas y duraderas.
A medida que las discusiones continúan, se hace evidente la necesidad de una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales y sociales antes de llevar a cabo cualquier operación minera en aguas profundas. La calidad y la transparencia de estas evaluaciones serán clave para determinar si la explotación de minerales en estas zonas es viable y sostenible a largo plazo.
La comunidad internacional se encuentra ante un desafío crucial: equilibrar la creciente demanda de minerales con la necesidad de preservar los océanos y su diversidad biológica. Es fundamental que las decisiones se tomen de manera informada y responsable, teniendo en cuenta tanto los beneficios económicos como los impactos ambientales y sociales.
A medida que se acerca el plazo establecido por el tratado de Naciones Unidas, la presión aumenta y las posturas divergen. Algunos países abogan por una prohibición total de la minería en aguas profundas, mientras que otros buscan establecer regulaciones sólidas que garanticen una extracción responsable y sostenible.
El futuro de la minería en aguas profundas dependerá de la capacidad de la comunidad internacional para encontrar soluciones equilibradas y garantizar la protección de los ecosistemas marinos. La colaboración entre gobiernos, empresas, científicos y organizaciones ambientales será esencial para tomar decisiones informadas y promover prácticas responsables en esta industria emergente.
En última instancia, la preservación de los océanos y la mitigación de los impactos ambientales deben estar en el centro de cualquier decisión relacionada con la minería en aguas profundas. Solo a través de un enfoque cuidadoso y comprometido se podrá lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de nuestros valiosos recursos naturales.
