Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), ha expresado la profunda preocupación del gremio ante el posible cierre de la Planta Catemu, una planta procesadora de cobre ubicada en la comuna del mismo nombre en la Región de Valparaíso. Esta planta alberga la principal agencia de compra de minerales de la zona y la Empresa Nacional de Minería (Enami). Su cierre afectaría a 400 trabajadores propios, 525 contratistas y aproximadamente 300 productores de la pequeña minería.
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Riesco recordó que esta semana el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió una recomendación de rechazo al proyecto de continuidad operacional de la mediana minera CEMIN, el cual busca ampliar la vida útil de la planta. Después de meses de trámite, la decisión de calificación ahora está en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA), que tiene prevista su votación para el martes 11 de julio.
«Esta decisión nos genera gran preocupación, ya que un rechazo significaría el cierre definitivo de esta planta, lo que no solo afectaría a la Región de Valparaíso, sino que también podría poner fin al holding minero que opera actualmente en Catemu, La Ligua, Vallenar, Batuco, Rancagua y Santiago», afirmó Riesco. «Este es un caso que consideramos importante observar detenidamente, ya que según nuestra información, la empresa ha solicitado al SEA la revisión de la recomendación de rechazo antes de la votación y la suspensión de los plazos de calificación debido a errores importantes detectados en los fundamentos de dicha recomendación».
Riesco también expresó una opinión crítica sobre cómo se otorgan los permisos ambientales, señalando la necesidad urgente de modificaciones, ya que esto está afectando la posibilidad de llevar adelante proyectos mineros. En el caso específico de la Planta Catemu, el proceso de tramitación ha durado casi tres años, lo cual es excesivo para que al final sea rechazado por el organismo competente.
El presidente de Sonami enfatizó que el país no puede permitirse el rechazo de proyectos debido a la falta de gestión entre los servicios públicos involucrados en la evaluación ambiental. Destacó la importancia de un trabajo colaborativo y un diálogo constante entre el sector público y privado para buscar formas y condiciones que permitan la aprobación de proyectos.
Si bien es necesario reducir los largos plazos de aprobación de los permisos, Riesco subrayó la importancia de eliminar la discrecionalidad excesiva y la disparidad de criterios en la evaluación, ya que esto puede determinar la posibilidad de que algunos proyectos no se lleven a cabo. Confía en que la revisión que está llevando a cabo el Ministerio de Economía resulte en una racionalización significativa de los permisos, pero considera fundamental que las autorizaciones ambientales no sean denegadas por razones que no sean exclusivamente técnicas.
Esta preocupación manifestada por Sonami pone de relieve la importancia de un proceso de evaluación ambiental eficiente y transparente, así como la necesidad de un marco normativo claro y equitativo para impulsar el desarrollo de proyectos mineros de manera sostenible.
