- La iniciativa, que empezará a regir en 2024, espera recaudar 0,45% del PIB, a través de un nuevo esquema tributario para las grandes empresas del sector.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, promulgaron la Ley de Royalty Minero, iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 17 de mayo luego de más de cuatro años de tramitación.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
“Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa”, señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
“También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden”, agregó el ministro.
La ministra Hernando, en tanto, destacó que “varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero”.
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año.
Para este grupo, se establecen dos tasas:
- Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
- Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
- Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
