El ministerio de Minería abrió la semana pasada un proceso para que postulen entidades o personas con experiencia en áreas como el derecho público económico, derecho minero y la minería no metálica, y presenten propuestas para “el desarrollo de un ecosistema regulatorio que permita una eficiente y eficaz gestión del litio y salares”. El presupuesto máximo asciende a $ 37 millones. La estrategia gubernamental considera la modificación y adecuación de cuerpos normativos, a presentarse durante el primer semestre de 2024.
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La subsecretaría del ministerio de Minería abrió el pasado jueves un proceso de licitación a través del sistema de Mercado Público que busca articular una propuesta para la modernización del marco institucional y regulatorio para la industria del litio en Chile.
El llamado a licitación, según consta en la plataforma de Chile Compra, tiene como objetivo la “generación de análisis y propuestas para la modernización del marco institucional y regulatorio que mandata la Estrategia Nacional del Litio”.
“Lo anterior, para el desarrollo de un ecosistema regulatorio que permita una eficiente y eficaz gestión del litio y salares, considerando tanto los desafíos actuales de la industria y aquellos que propone la Estrategia Nacional del Litio”, agrega la licitación en su descripción.
El proceso considera un monto total máximo de $37.825.000, impuestos incluidos, para ser ejecutado durante un plazo de 90 días.
Según el registro de la licitación, el proceso se mantendrá abierto hasta el viernes 18 de agosto y su adjudicación está calendarizada para el 1 de septiembre, estimándose que la firma del contrato con el o la adjudicataria se lleve a cabo 7 días después.
El llamado a licitación detalla que la entidad gubernamental requiere contratar servicio de consultoría para desarrollar “insumos para la modernización institucional y regulatoria en el marco de la estrategia nacional del litio”, ya que el mencionado servicio no se encuentra disponible en el catálogo de Convenios Marco.
En un documento que el gobierno lanzó a mediados de junio, y que contiene los ejes estructurantes de la estrategia gubernamental, se explica en parte la necesidad de avanzar en un nuevo ordenamiento del marco institucional en torno al litio. “Chile tiene una larga y sólida experiencia en minería de roca, que se expresa institucionalmente en el Código de Minería y las normas asociadas, así como los organismos y procedimientos para su regulación. Sin embargo, en el caso del litio, que se obtiene de las salmueras presente en los salares, gran parte de las normas útiles en caso de roca no se ajustan al caso de salmueras. Esta es una tarea que requiere ser abordada con urgencia”, sostiene dicho documento.
Y aunque allí no se menciona directamente que la articulación de un nuevo marco institucional conllevaría una licitación para una asesoría externa, sí se señala que la actualización de dicho marco sería parte del trabajo del Ejecutivo, y que en ello “se considerarán también como antecedentes los informes de la Comisión Nacional del Litio de 2015, y la Mesa Interministerial liderada en 2022 por el Ministerio de Minería”.
Consultada, desde la cartera liderada por Marcela Hernando explicaron que la necesidad de licitar estas propuestas pasa por incorporar un “asistencia técnica” al proceso.
“La modernización institucional es un aspecto fundamental de la estrategia. Son varios los órganos de la administración del Estado que participan de la regulación y fiscalización del litio, y se busca darle coherencia, cerrar brechas, y evitar superposiciones de competencia. Asimismo, estamos realizando una licitación para contar con asistencia técnica a este proceso, en apoyo a la generación de análisis y propuestas para la modernización de dicho marco institucional y regulatorio”, señalaron desde la secretaría de Estado.
Actualmente, entre los órganos del Estado que otorgan permisos para la industria del litio intervienen al menos cinco entidades distintas. Uno es el Ministerio de Minería, que entrega los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) a las personas naturales o jurídicas, ya sean chilenas o extranjeras, que cuenten con los derechos mineros y luego consigan aprobar su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional que corresponda. Sin embargo, y dado que en Chile el litio está presente en salmueras, la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, también interviene en el proceso. Lo hace específicamente a través del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos, quien debe validar si los EIA de los titulares cumplen con mantener la sostenibilidad de las cuencas.
Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es el organismo encargado que lleva a cabo el reconocimiento y estudio de los recursos minerales del país. De hecho, en 2013, Sernageomin desarrolló un catastro del potencial geológico de Chile en la materia, identificando 63 ambientes salinos en el país: 45 salares y 18 lagunas salinas.
En tanto la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) es la encargada de autorizar la comercialización de litio extraído.
Perfil y criterios de evaluación
El proceso de licitación establece una serie de requisitos para la adjudicación. Al llamado pueden postular tanto personas naturales como jurídicas, lo que permite que puedan participar profesionales de modo individual así como consultoras o centros de estudios.
Entre las condiciones que los postulantes deben cumplir están aspectos habituales para este tipo de licitaciones, como no contar con vínculos de parentesco con funcionarios directivos del Ministerio de Minería, y estar libres de condenas por prácticas antisindicales, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.
Entre los criterios de evaluación de las ofertas se solicita acreditar experiencia en diversas áreas, como el derecho público económico, derecho minero y la minería no metálica. Dichos aspectos contarán con una ponderación total del 45%, mientras que los puntos formales de la presentación, su metodología, así como la oferta económica misma y su valor agregado, representarán el 55% restante.
El llamado a licitación también considera la emisión de una boleta de garantía por al menos el 5% del valor total contratado.
Fuente: La Tercera
