Actualmente el organismo de control realiza múltiples investigaciones, las que abrió de oficio y dividió en cuatro grandes áreas, que abarcan todo el país: el Programa de Asentamientos Precarios, gobiernos regionales, el Ministerio de las Culturas y lo relativo a la Seremi Minvu de Antofagasta. En este último caso, el gobierno pidió prórroga para hacer sus descargos.
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Una serie de investigaciones administrativas a diversas reparticiones estatales lleva adelante la Contraloría contra reloj en los casos vinculados al traspaso de fondos desde instituciones públicas a fundaciones.
Las investigaciones por estos líos de platas caminan por vías distintas. Por un lado, está el Ministerio Público, cuyas fiscalías regionales indagan los traspasos de fondos en 39 causas a lo largo del país y, por el otro, está Contraloría, entidad que revisa la legalidad de los convenios que autorizaron las transferencias.
Así, tras estallar el escándalo por el convenio entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, Contraloría inició de oficio una serie de indagatorias que ahora se tornaron prioritarias, a fin de evacuar las primeras responsabilidades en las distintas aristas que tiene el caso. De hecho, es el citado convenio entre la Seremi de Vivienda y el organismo ligado a ex personeros de Revolución Democrática el que podría ser el primero en desembocar en resultados.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez dividió en cuatro grandes áreas sus indagatorias, las que buscan determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos para luego definir qué tipo de fiscalización llevar adelante. Las cuatro áreas corresponden a los gobiernos regionales (GORE), el Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, los contratos de la Seremi del Minvu de Antofagasta y el Ministerio de las Culturas.
Son 16 los gobiernos regionales que indaga Contraloría, a partir del “freno” que activó a los contratos entre las instituciones públicas y las fundaciones, anunciado a fines de junio. Del total de procesos de toma de razón, 29 fueron declarados ilegales.
Se trata de auditorías que están en pleno desarrollo en Arica, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Rancagua, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Ñuble. A ellas se suman Coquimbo, Magallanes y la Región Metropolitana, donde la Contraloría ya solicitó información.
En paralelo, está recabando los antecedentes de los gobiernos regionales de Tarapacá, Los Ríos y Aysén, para definir el alcance de la fiscalización que se llevará a cabo, la cual, comentan, podría tener serios impactos desde el punto de vista de la legalidad del traspaso de fondos.
De estos, el caso del GORE de Los Lagos es el más complejo. Las transferencias de fondos en esa región despertaron sospecha en Contraloría, pues de los 29 convenios declarados ilegales en todo Chile, 22 tienen su origen en la repartición que lidera Patricio Vallespín (ex DC).
En el caso de la segunda área investigada, el Programa de Asentamientos Precarios, esta abarca a todas las regiones del país e involucra a Serviu, varias municipalidades y gobiernos regionales. En rigor, se está fiscalizando por completo dicho programa, como por ejemplo, todas las transferencias entregadas por el Ministerio de Vivienda en esta materia, entre 2021 y 2023.
Observaciones y prórroga
En cuanto a la tercera área observada -los contratos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta-, el ente de control estableció una Investigación Especial (INVE), la que abarca específicamente la transferencia de $ 426 millones a Democracia Viva. Si bien este traspaso de fondos no fue visado por Contraloría, al tratarse de un convenio por trato directo, ésta revisa la legalidad del proceso previo para entregar los dineros.
Actualmente, el preinforme relativo al convenio ya fue despachado a la Seremi con una serie de observaciones, donde, quienes conocieron el documento, señalaron que se habrían detectado una serie de inconsistencias en las justificaciones para implementar el programa que llevaría adelante Democracia Viva.
Sin embargo, desde la Seremi pidieron prórroga a Contraloría para contestar este pre informe -el cual tiene el carácter de reservado-, por lo que sus descargos los harán llegar el 28 de agosto. El informe final sobre la indagatoria, entonces, se debería conocer en septiembre.
Asimismo, en Teatinos 56 se encuentran fiscalizando a fondo las transferencias a cerca de 40 fundaciones a lo largo del país, entre ellas, ProCultura, Urbanismo Social, En Ti, entre otras.
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Por último, está la cuarta área indagada. Se trata del Ministerio de las Culturas, organismo que está bajo la mira de Contraloría, pues se está auditando la totalidad de las transferencias en dicha secretaría de Estado, con el propósito de determinar cuáles son las que presentan los mayores riesgos y definir qué tipo de fiscalización llevar adelante en aquellas.
Esta investigación se inició luego de que culminara el sumario administrativo en contra de la exsubsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez, quien firmó la adjudicación de dos convenios con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, organismo en el que ella trabajó antes de que asumiera Gabriel Boric como Presidente.
En todas estas indagatorias específicas, Contraloría fijó la misma metodología empleada para las investigaciones desarrolladas en el marco de la pandemia por el Covid-19. Es decir, en caso de ser necesario, se emitirán informes parciales, que contendrán los avances del trabajo realizado a la fecha de emisión de cada investigación. En otras palabras, se aplicará una suerte de principio “hallazgo encontrado, hallazgo informado”.
En paralelo, también se está efectuando un trabajo coordinado con el Ministerio Público, en torno a compartir antecedentes e información, enfoques de investigación y otros elementos relevantes, algo que se seguirá profundizando en la medida en que avancen las indagaciones.
