Su presidente, Luis Gallardo, afirma que pese a contar con pertenencias en salares no se presentará a la licitación que el gobierno busca entregar permisos de exploración durante 2024. «Es perder tiempo. Nosotros decimos para qué botan plata», cuestiona. Además afirma que como titulares de derechos mineros no se atreven a invertir y que los inversionistas que lleguen al país tendrán que negociar con ellos.
El Presidente Gabriel Boric cerró la puerta a la idea de parlamentarios de oposición a hacer cambios legales que permitan cambiar el estatus jurídico del litio, que mantienen al mineral como no concesionable. Sin embargo, desde la Cámara Chilena de la Minería del Litio, un gremio que reúne a pequeños y medianos mineros con derechos posteriores al año 1979 -cuando fue declarado inconcesible – con, según dice, el 60% de las reservas en el país, insisten en la idea de liberar la industria para el ingreso de privados.
Luis Gallardo, el presidente del gremio minero creado en 2006, es el titular los derechos mineros de 6.000 hectáreas en el Salar de Lllamar. El vicepresidente del gremio, Francisco Javier Errázuriz, controla pertenencias en el Salar de Atacama, en Copaisa y Maricunga. En este último está aliada a un fondo de Singapur, Simbalik, y tienen 966 hectáreas previas al año 1979.
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En diálogo con Pulso, Gallardo explica su posición frente a la negativa del Ejecutivo por hacer concesible el mineral.
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– ¿Qué le parece la decisión del Presidente Boric de oponerse al proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados para hacer concesible el litio?
Es un nuevo error del Presidente de la República. Primero, considerando que él es el Presidente, y no puede actuar con un criterio monárquico. El país es un país democrático con una institucionalidad, y el Estado tiene tres poderes, el Ejecutivo, el parlamentario, el jurídico. Segundo, comete otro error cuando dice que el litio será de todos los chilenos, ya que nunca ha dejado de serlo, porque el Código Minero y la Constitución establecen que todo lo que sea derechos mineros pertenecen al Estado.
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– La oposición del Presidente no significa que se haya eliminado el proyecto, que seguirá su tramitación en la Cámara de Diputados. De todas maneras, ¿cómo ve que pueda seguir avanzando ese proyecto?
Estamos pidiendo una audiencia a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La semana pasada estuvimos en el Senado y dejamos bastantes clara nuestra posición. Nosotros vamos a seguir luchando o bregando porque tenemos la razón. La palabra litio fue metida de contrabando en la Constitución y por intereses determinados se colocó en el Código Minero, en los artículos 7, 8 y 9, que no van en línea con los intereses del Estado, sino que en línea con los intereses de determinados grupos, de particulares.
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– ¿A quiénes se refiere?
El litio tiene que ser manejado como todos los elementos, no tiene por qué tener un trato distinto, salvo aquellos elementos por acuerdos internacionales como el uranio y el rodón, pero el litio en todas partes del mundo es un elemento más, pero aquí por defender determinados intereses hace 20 años que estamos peleando para resolver el problema y siempre nos hemos encontrado con oposición política. Pero ahora se dan las condiciones para que el Parlamento actúe con el criterio necesario, entendiendo que es necesario para sacar al país de la situación económica en que se encuentra.
– ¿Pero de quiénes son esos intereses que usted dice se resguardan al no hacer concesible del litio?
Desde hace 20 o 30 años que las empresas SQM y Albemarle tienen el duopolio de la producción de litio. SQM y Albemarle manejan el 30% del potencial de litio que tiene el país, el 60% restante está en manos nuestras y no nos dejan trabajar y vender litio. Hoy día el país está produciendo 230 mil toneladas, en circunstancias que podría estar en el mercado con 500 mil, y en vez de los US$5.000 millones que recibió el Estado el año pasado, estaría recibiendo US$10.000 millones anuales.
– Pero han pasado distintos gobiernos, de centroizquierda y derecha…
En todos los gobiernos, lamentablemente han existido procedimientos oscuros con los que se ha manejado el tema del litio.
– Usted, como dueño de pertenencias, ¿ha tenido diálogo con empresas?
Desde el 2012 estoy defendiendo este tema, he conversado con 50 empresarios que han venido del extranjero, se entusiasman pero cuando les preguntan a sus asesores legales, les dicen que en Chile no están las condiciones jurídicas para explotar el litio, la gente se devuelve con su interés para invertir en otro lado.
– ¿Y con Enami y Codelco, que fueron mandatadas para impulsar la industria en Chile?
Enami no tiene condiciones, lo ha reconocido el propio Pérez de Arce, que ha dicho que está complicada la empresa financieramente por malos manejos. Codelco para que decimos. (…) Por qué nos vamos a asociar con empresas que no tienen capacidad administrativa, si nosotros somos capaces de administrar bien.
– ¿En qué fase están, tienen proyectos específicos para desarrollar sus pertenencias?
Nosotros seguimos teniendo el derecho, pagando patentes anuales, pero no nos atrevemos a gastar plata si es que no sabemos cuáles son las condiciones que van a continuar en este gobierno. Al escuchar al Presidente Boric, supuestamente se nos caen los brazos, pero no es así. Vamos a seguir luchando porque sabemos que tenemos la razón. Nosotros somos los dueños de los terrenos. Cualquier empresario que venga va a tener que conversar con nosotros, porque nosotros somos los dueños y mantenemos el mandato sobre los derechos mineros.
– El gobierno ha definido que licitará los CEOL de exploración, ¿no se van a presentar a ese proceso?
No, es perder tiempo. Nosotros decimos para qué votan plata. Nosotros les hemos ofrecido una mesa de trabajo al Ministerio de Minería donde podemos colaborar gratuitamente, llevando todo el conocimiento. (…) Por qué vamos a tener que optar a una licitación en algo que es nuestro.
– Porque necesitan los permisos para poder explotar…
Los permisos los tienen que entregar obligadamente en un proceso de licitación que será para quienes quieran venir a invertir. (…) Naturalmente ellos van a tener que negociar con nosotros, porque tenemos los derechos adquiridos, no por el Ejecutivo, sino que por mandato judicial.
