Más de dos meses han transcurrido desde que el Ejecutivo ingresó a la Cámara el proyecto de ley «que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado de petróleo (GLP)». Esto, tras retirar el articulado presentado en la administración anterior que involucraba también el gas natural y en medio justamente por esos días del intenso debate por el fallido piloto de ENAP.
Y aunque aún no hay mayor avance en su trámite legislativo, sí está en plena marcha la mesa técnica que comprometió el Gobierno y que tiene como objetivo discutir y generar consensos respecto al contenido del polémico texto para efectos de su posterior tramitación en el Congreso.
De las diez sesiones programadas, ya se han realizado dos y ha sido allí donde se ha gatillado el debate. Lipigas, la única firma que no dio entrevistas tras la presentación del proyecto, rompió el silencio y sinceró su análisis en esta instancia. En una concurrida segunda sesión de la mesa técnica de trabajo, realizada el 8 de agosto en una sala del Congreso en Valparaíso, asistió el gerente general de la compañía, Ángel Mafucci, y el gerente de negocio GLP Chile, Luis Alberto Orlandi.
Según consta en la presentación difundida en la instancia, se aseguró que «este no es un buen proyecto de ley» por cinco razones: los precios van a subir; la calidad del servicio va a bajar; la cobertura de producto y servicio estará en riesgo; la fiscalización será mucho más difícil y afectará la seguridad; y 12 millones de personas perderán el beneficio de acceso a gas más barato que hoy tienen gracias a la venta directa (sin intermediarios).
Ángel Mafucci, gerente general de Lipigas. Sebastián Castro, exjefe de la división de estudios de mercado de la FNE. Fotos: Julio Castro y Archivo
De entrada, la firma recordó que el proyecto está basado en el informe de la FNE. En esa línea, señalaron que no se contempla el gasto y la complejidad de la distribución minorista. «No son palabras, son datos: la ENAP gastó 26 veces más por cilindro para venderlo a $ 15.000 a las familias, al desarrollar su proyecto Gas de Chile», se sostiene en la presentación. Suman que existe otro informe de un estudio en profundidad de la industria y su cadena de distribución, encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que contradice las conclusiones del estudio de la FNE. Por esto, sugieren que la mesa de trabajo tenga acceso a ese estudio encargado por la CNE y a sus conclusiones. «Ese informe respalda lo que queremos transmitir», se enfatiza.
De lleno en los argumentos centrales, respecto a la calidad del servicio, se preguntan: «Con miles de distribuidores independientes y revendedores que hacen delivery, sin el respaldo de una empresa de gas: ¿A quién va a llamar el usuario? ¿Cómo va a comparar precios?», dicen, agregando que «no se harán compras a través de aplicaciones que han desarrollado las empresas de gas. El consumidor retrocederá por lo menos 10 años».
Además, aseguran que el pedido no va a llegar en 45 minutos: «Hoy si un pedido no llega, el usuario sabe a quién llamar con un modelo de atención disponible 24/7».
En cuanto a que la cobertura estará en riesgo, la firma precisa que cubre 320 de las 346 comunas del país: «Al desintegrar el mercado, esta cobertura, la variedad de formatos y sus precios, quedará a cargo de miles de distribuidores independientes. No habrá incentivos ni capacidad económica para llegar a lugares con pocos habitantes. Probablemente, no habrá competencia».
Tras detallar las medidas que han tomado para -por ejemplo- dar mayor seguridad de la flota en ruta, lanzaron: «Con un sistema de cerca de 6.000 distribuidores que quedarían a cargo del delivery si el proyecto avanza: ¿Qué organismo se hará responsable de la seguridad, la informalidad y los reclamos? ¿Cómo se fiscaliza a 6.000 distribuidores? ¿Cuánto cuesta hacer esa fiscalización? ¿Se agregará este mayor costo al precio del producto?».
Por último, señalaron que hoy Lipigas tiene alianzas con 170 municipalidades, además de convenios con otras entidades como bancos, instituciones financieras, cajas de compensación, entre otras. De acuerdo a lo explicado, estas permiten que los usuarios accedan a descuentos fijos de entre $ 3.000 y $ 7.000 por cilindro, según su formato. «Si el proyecto nos impide llegar en forma directa a los vecinos y nos obliga a agregar un intermediario a la cadena, este beneficio se acaba», rematan.
Y sentencian: «No experimentemos con un servicio que es básico para la población. Las decisiones deben basarse en la evidencia, no en la teoría».
El contraataque del líder del estudio de la FNE
Pero en la misma cita también hubo un choque de fuerzas. En su calidad actual de académico, Sebastián Castro, quien fue jefe de la División de Estudios de Mercado de la FNE y lideró el estudio sobre el mercado del gas, realizó una dura exposición que denominó «Mitos en torno a reforma del mercado de GLP». El abogado afirma que es falso que los cálculos de la FNE son incorrectos y no consideran ciertos costos, indicando en sus argumentos que «la estrategia comunicacional de empresas mayoristas de GLP ha sido atacar el estudio de la FNE». También desestima que la calidad del servicio se verá afectada por el proyecto de ley.
A su juicio, «la estrategia secundaria de empresas de GLP ha sido apelar a posibles escenarios poco queridos o catastróficos». «Su negocio, igual que hoy, será vender la mayor cantidad posible de cilindros, por lo cual, al menos la calidad de servicio debería mantenerse si es que existe mayor competencia como propone la FNE, o muy probablemente mejorar», sostiene.
Castro considera falso que la seguridad del mercado se pone en riesgo con el proyecto: «La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es la encargada de velar por la seguridad, incluyendo la distribución minorista. No es labor de empresas mayoristas -ni consta de manera alguna que lo hagan en todo caso-«.
«Un tercer escenario catastrófico o cuento del terror es que zonas aisladas quedarán sin provisión», dice el abogado. Y enfatiza: «Empresas mayoristas y minoristas hoy llegan a (algunas) zonas más aisladas o remotas porque es buen negocio, no porque las empresas sean bondadosas. Cuando no lo es, no llegan». Y agrega que habrá una demanda por GLP y alguna empresa llegará, de igual forma que ocurre hoy.
Asimismo, indica que es falso que es la relación contractual entre mayoristas y minoristas la que asegura calidad y seguridad; y recalca que la desintegración aumentará la competencia y bajará los precios.
Concluye que el proyecto de ley «hace algo bastante poco intervencionista»: hacer que una empresa opte entre ser minorista o mayorista. «No es la creación de una empresa estatal ni una regulación muy profunda al mercado», dice, agregando que «la solución es esencialmente de mercado». Añade que «riesgos alarmistas de empresas de GLP no tienen fundamentos sólidos» y que las «empresas buscan mantener rentas».
Según trascendió, luego se dio un espacio de preguntas donde hubo momentos en que el exFNE habría cuestionado los argumentos expresados por Lipigas. Si bien fue una sesión tensa, dicen conocedores, se desarrolló en buenos términos, aunque a ratos alejada del debate técnico. En la instancia un asistente apuntó a la existencia de colusión y Castro habría aclarado que la Fiscalía no ha sostenido aquello. Entre las dudas técnicas que se habrían manifestado por parte de los asistentes, estuvo si realmente bajaría el precio con este proyecto de ley y los alcances que tendría el fin de las alianzas de las firmas con municipalidades.
Para este miércoles estaba programada la exposición de Gasco.
Las dudas de los asistentes a la primera sesión
Casi tres horas duró la primera sesión de la mesa técnica el 21 de julio en las dependencias del Ministerio de Economía. Según se consigna en el acta, además de las presentaciones de la CNE y la FNE, hubo diversas consultas por parte de los asistentes. Entre ellos, Armando Aravena, quien representó al diputado Gonzalo de la Carrera, consultó si la FNE, en otros casos, ha recomendado disminuir participación, ya que en el GLP recomendó prohibir la integración vertical. Felipe Castro, de la FNE, responde que dicha recomendación de prohibición de integración vertical no aplica en todos los casos. Por ejemplo, en GLP granel va a seguir existiendo.
Mientras, el diputado José Miguel Castro comentó que, por reuniones de lobby, ha conocido casos de Perú o Brasil y la idea es no cometer los mismos errores. Al respecto, desde la FNE señalaron que se revisaron los casos de Brasil y México.
En tanto, Cristián Cataldo, quien representó al diputado Boris Barrera, consultó si es posible regular el mercado del GLP como un monopolio natural. Castro, de la FNE, respondió que no se encontraron barreras de entrada a la importación. De acuerdo al documento, se consigna que señaló que previo a 2014, la mayoría del gas se importaba desde Argentina. Por lo tanto, los terminales de importación no se vieron como facilidades esenciales. Sostuvo además que hay otros países como México donde se regula el precio al consumidor final, pero no se estimó que fuese la mejor recomendación para el caso chileno.
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