El Gobierno andaluz ha apostado por el sector minero como uno de los ejes económicos estratégicos de los próximos años. Fruto de esta hoja de ruta, el pasado mes de julio se aprobó en Consejo de Gobierno la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030), «dirigido al fortalecimiento del sector minero en toda la cadena de valor, reforzando su competitividad mediante el apoyo a la internacionalización de las empresas, impulsando la investigación de recursos minerales disponibles, favoreciendo proyectos de innovación y cooperación empresarial y fomentando la seguridad de las personas y de las instalaciones».
En esta apuesta por el sector minero, el Gobierno andaluz y el Grupo Socialista coinciden. En este sentido, los socialistas han presentado una Proposición no de ley en el Parlamento en el que solicitan, entre otras cosas, que se apueste por un «plan andaluz de materias primas críticas, concretado en programas de acción y en medidas concretas, dirigido a potenciar el desarrollo de proyectos existentes o de nuevos proyectos de explotación, procesado o reciclado de materias primas críticas, situados en nuestra comunidad autónoma y que son de especial interés para la Unión Europea para alcanzar sus nuevos objetivos de autoabastecimiento, reindustrialización, digitalización y sostenibilidad».
El problema es que otra de las peticiones que plantea el Grupo Socialista es que este plan «sitúe en el centro de todos sus objetivos y de todas sus iniciativas a las andaluzas y los andaluces y a las empresas de Andalucía». Este asunto choca con la realidad.
Tal y como se expone en la Estrategia para una Minería Sostenible aprobada, «las empresas mineras son por lo general de pequeña dimensión, con menos de diez trabajadores». Es más, el trabajo señala que «en cuanto a los grandes proyectos (p.ej. minería metálica) están comandados por empresas multinacionales, así como los nuevos proyectos que están en el proceso para entrar en producción» porque «la aportación de capital nacional es muy minoritaria».
Hay que señalar que la minería metálica representa el 63,6% del empleo y un 79,3% del valor de la producción de Andalucía y supone casi la totalidad de esta minería en España en volumen y valor económico. Actualmente hay 1.320 derechos de explotación vigentes que afectan a 272.649 has.
Cuestión distinta es el efecto multiplicador que tiene esa inversión extranjera porque «gran parte del proceso productivo y de los servicios auxiliares es prestado por contratas –35,9% del empleo en la minería española–, que son en general empresas andaluzas –las contratas en Andalucía representan el 60,4% del empleo minero–».
La propuesta socialista de situar en el centro a las empresas andaluzas es justo lo opuesto a lo que se ha hecho en los últimos años. Precisamente, un Gobierno socialista adjudicó a la compañía Minorbis-Grupo México el concurso minero internacional convocado para reabrir el yacimiento de Aznalcóllar, situado en la provincia de Sevilla. Anteriormente, la explotación estuvo a cargo de la multinacional sueca Boliden, que acaba de ganar un juicio a la administración autonómica 25 años después del vertido. La PNL dice ahora que el objetivo es «evitar que Andalucía se convierta en objetivo de grandes inversores especuladores».
Claves
►Las explotaciones mineras en Andalucía ocuparon en 2021 a 8.598 personas, el 28,9% del empleo en la minera española. El mayor número de empleos corresponde a la minería metálica, 5.472 personas ocupadas, el 63,6%, seguida por las canteras con 2.441 empleos (28,4%).
►Una parte importante de los empleos en la minería andaluza corresponde a empresas contratadas por la titular del yacimiento para la actividades de extracción, primera transformación y servicios auxiliares.
►Por valor de la producción, la sustancia de mayor importancia es el concentrado de cobre, muy por encima de todas las demás.
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