El nuevo socavón en Viña del Mar sigue generando polémica. Las intensas lluvias del pasado fin de semana desembocaron en un segundo deslizamiento en las dunas de Cochoa que dejó ahora en riesgo de derrumbe al Edificio Miramar Reñaca, fenómeno que reabrió el debate sobre las responsabilidades en esta emergencia.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, emplazó a las constructoras e inmobiliarias envueltas en la emergencia, y sostuvo que éstas deberían tomar una participación activa en la solución a este problema. “Construir ahí fue mala idea (…) creo que la ingeniería chilena es top, pero esto no es construcción antisísmica”, afirmó la secretaria de Estado este miércoles en entrevista con Radio Pauta.
En la oportunidad, señaló que “hay una responsabilidad también del sector privado respecto a lo que construye, no es todo tirarle la responsabilidad al Estado, es un poco patudo”. Y agregó que “si no hay responsabilidad en las empresas respecto a lo que hacen, no pueden presentar cualquier proyecto (…) la codicia tiene límites”.
Las declaraciones de la titular del MOP provocaron una inmediata reacción de los principales gremios del sector, los que enfatizaron que esta emergencia se debe a la falta de mantención del colector de aguas lluvias, infraestructura que es responsabilidad de esa cartera.
Además de manifestar su preocupación por los proyectos afectados por el colapso del colector, desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) están inquietos por el cuestionamiento generalizado a una “actividad legítima y necesaria”. “Todo indica que la falta de mantención de los colectores de aguas lluvia fue determinante. Quien tiene la obligación legal de mantención de éstos es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Esto aplica tanto para el primer incidente, respecto del cual existían antecedentes de mal funcionamiento sin que las entidades responsables actuaran oportunamente, y también respecto del segundo deslizamiento, producido por el colapso de las obras de reparación contratadas por el MOP”, declaró la organización.
Consultados por la calidad de terreno donde se encuentran emplazados los edificios, ADI enfatizó que los proyectos inmobiliarios se desarrollan donde la norma lo permite, contando con las autorizaciones pertinentes emanadas por las autoridades respectivas y cumpliendo con todas las exigencias técnicas. “El crecimiento de las ciudades descansa en acciones públicas y privadas, cada cual con sus respectivos roles y responsabilidades (…) lo ocurrido en este caso es una prueba más de la importancia de una planificación urbana actualizada y de la necesidad de contar con infraestructura diseñada, ejecutada y mantenida conforme a condiciones medioambientales cada vez más exigentes”, añadió.
Las responsabilidades
Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción señaló que lo sucedido en el sector de Reñaca se debió a la falta de mantención del colector de aguas lluvias, además de la deficiente solución técnica para la reparación de ésta. “Queremos rechazar aquellas declaraciones o acusaciones sin fundamento técnico respecto del actuar empresarial en este tipo de proyectos, toda vez que éste ha sido bajo la actual normativa habitacional y respetando todos los requerimientos de la legislación y de la construcción en este tipo de superficies”, enfatizó la CChC.
La organización insistió en la necesidad de priorizar la mantención y cuidado de toda la infraestructura pública del país, más aún con el cambio climático y las consecuencias que éste pueda traer. “Es muy importante centrar los esfuerzos en encontrar las soluciones técnicas más rápidas, eficientes y seguras para evitar que el terreno se siga socavando”, concluyó el gremio.
Jeanette Bruna, abogada.
Abogadas de propietarios estudian tres vías de acción legal
Jeanette Bruna, abogada urbanista, tiene el panorama clarísimo: el gran responsable de los socavones en Viña del Mar es el Estado. Bruna -junto a la abogada Alicia Arellano- es la encargada de representar a los vecinos del Edificio Santorini Norte, emplazado a metros de la torre Miramar Reñaca. “Acá existe una confianza legítima en todas las aprobaciones que da el Estado, que datan de muchos años atrás. Éstas evalúan la urbanización, los permisos y las recepciones, los clientes confiaron en lo que compraron”, declaró la abogada viñamarina. En la misma línea, Bruna sostuvo que esta situación no habría ocurrido si el colector de aguas lluvias del MOP no hubiese colapsado debido a la falta de mantención y a la sobrecarga que tenían sus redes. “Culpan a la lluvia, a la pendiente y al terreno, y esas no son las razones. Aquí el problema es que existe una instalación de infraestructura pública que no fue debidamente tratada”, señaló Bruna, agregando además que era evidente que la solución que dio el MOP al primer socavón iba a colapsar, situación que ya estaba anunciada por expertos.
A pesar de que todavía existen definiciones pendientes en materia legal, la abogada detalló que, junto a su colega y a los vecinos de la comunidad, están preparando una demanda contra el Estado. “Por ahora, estamos juntando material, pero tenemos claro que ésta tendrá tres vías”, manifestó. La primera es el resguardo a la seguridad de las viviendas y a los vecinos, mientras que la segunda se refiere al manejo del colector para que el Estado actúe de forma “seria” en esta materia y el MOP realice las obras necesarias de ingeniería y mantención en esta infraestructura.
La tercera acción que evalúan las abogadas es la indemnización de perjuicios. “Acá lo urgente acá es la contención a los vecinos, y asegurar a la población que el MOP va a trabajar adecuadamente en el colector. En este caso se vulneró el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad y a la libertad, esperamos que no vuelva a pasar”, concluyó Jeanette Bruna.
