La compañía norteamericana Albemarle, basada en Charlotte, Carolina del Norte, acordó el pago de más de US$218 millones para resolver una investigación de Estados Unidos sobre un esquema de sobornos a funcionarios gubernamentales en tres países asiáticos. La resolución fue dada a conocer por el Departamento de Justicia norteamericano el pasado viernes, ocasión en que detalló que el monto a cancelar incluye más de US$103 millones que serán pagados a la SEC, el regulador financiero de Estados Unidos, en el marco de una investigación paralela.
En Chile, Albemarle es la segunda productora de litio, gracias al contrato de arrendamiento que mantiene en el Salara de Atacama con Corfo, la titular de las pertenencias mineras en el mayor depósito mundial del mineral, hasta el año 2043.
De acuerdo con la resolución del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), la compañía admitió que, entre 2009 y 2017, conspiró para pagar sobornos a funcionarios de gobierno para obtener y retener negocios de catalizadores químicos con refinerías de petróleo estatales en Vietnam, Indonesia e India. La estimación respecto a los beneficios que obtuvo Albemarle, como resultado del esquema, es de aproximadamente US$98,5 millones.
En Vietnam, Albemarle obtuvo de forma corrupta contratos en dos refinerías de petróleo estatales a través de un agente de ventas intermediario que solicitó mayores comisiones para pagar sobornos a funcionarios vietnamitas y estructurar los requisitos de las licitaciones para favorecer a Albemarle. En Indonesia, la compañía utilizó a un tercero intermediario para obtener de forma irregular negocios catalizadores con la petrolera estatal de Indonesia, incluso después que se informara a Albemarle que era necesario pagar sobornos a funcionarios del gobierno para obtener negocios. En la India, utilizó la misma fórmula para retener el negocio de catalizadores con la petrolera estatal india, evitando que Albemarle fuera incluida en una lista negra. Todo lo anterior, de acuerdo con los antecedentes publicados por el DOJ.
Los catalizadores químicos son uno de los tres segmentos de negocios que maneja Albemarle, además del litio y el bromo. Dicha operación la realiza a través de su filial Ketjen, la que en 2022 representó el 22% de sus ventas netas, de acuerdo con una reciente presentación a inversionistas.
Albemarle había informado en 2018 sobre posibles pagos indebidos realizados por representantes de ventas de terceros en el negocio de soluciones de refinado, dentro del segmento de catalizadores, según consta en su reporte anual de ese entonces. En su último reporte de 2022, la compañía detalló que desde entonces “contratamos rápidamente abogados externos y contadores forenses para investigar posibles violaciones del código de conducta de la compañía, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras leyes potencialmente aplicables”.
En dicho documento, agregó que ya habían “comunicado voluntariamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la SEC y a la Fiscalía holandesa por posibles problemas relacionados con el uso de representantes de ventas externos”, y que ya habían iniciado conversaciones “sobre una posible resolución de estos asuntos”.
La fiscal general adjunta Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que la resolución alcanzada en la investigación a Albemarle » demuestra los beneficios reales que las empresas pueden recibir si revelan su mala conducta, cooperan sustancialmente y corrigen ampliamente.”
“La corrupción no tiene fronteras, pero tampoco las tiene la justicia”, dijo a su turno la Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Dena J. King. “Se espera que las empresas se adhieran a las mismas normas éticas y legales tanto si hacen negocios en suelo estadounidense como en el extranjero. La eventual revelación voluntaria de fraude por parte de Albemarle y los esfuerzos subsiguientes para remediar sus prácticas comerciales en el extranjero son un paso en la dirección correcta para la empresa”, enfatizó.
Albemarle firmó un acuerdo de no enjuiciamiento (NPA, por su sigla en inglés) de tres años con el DOJ y acordó pagar una multa de aproximadamente U$ 98,2 millones y un decomiso administrativo de aproximadamente US$ 98,5 millones. La sanción refleja una reducción de US$ 763.453 en virtud de la Parte II del Programa Piloto de Incentivos Retributivos y Reembolsos de Marzo de 2023 de la División Penal, por las bonificaciones que la empresa retuvo a los empleados que cumplían los requisitos. Además, Albemarle pagará aproximadamente US$103,6 millones en concepto de restitución e intereses de demora como parte de la resolución de la investigación paralela de la SEC. El Departamento ha acordado acreditar aproximadamente US$81,9 millones del decomiso que se pagará al DOJ contra la restitución que Albemarle ha acordado pagar a la SEC.
Consultada por Pulso, la compañía remarcó que la situación había sido autodenunciada por Albemarle. Correspondió a “acciones de un grupo limitado de antiguos empleados y representantes de ventas de terceros, en el negocio de soluciones de refinación, que forma parte del segmento de catalizadores, actualmente conocido como Ketjen”, sostuvo.
En su declaración, destacaron que la SEC reconoció que Albemarle “ha mejorado sus controles contables internos en torno a la retención, pago y supervisión de terceros, incluido el uso de supervisión de transacciones y análisis de datos, dejó de utilizar agentes de ventas en todas las unidades de negocio y renovó sus políticas, procedimientos y sistemas anticorrupción”.
