La minera enfrenta cargos severos por no cumplir con las normativas ambientales, arriesgando una multa millonaria y la revocación de su permiso.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado dos cargos graves contra la empresa minera Teck Carmen de Andacollo, propietaria del proyecto «Andacollo Cobre», por violaciones significativas a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esta acción legal se lleva a cabo tras descubrir irregularidades y negligencias que ponen en riesgo el medio ambiente y, específicamente, las reservas de agua subterránea de la región.
Detalles de los Cargos
La SMA ha encontrado irregularidades serias en el manejo de los aspectos ambientales por parte de Teck CDA. Uno de los cargos se relaciona con la construcción incompleta del sistema diseñado para captar infiltraciones del depósito de relaves. Esta situación podría llevar a una contaminación considerable de las aguas subterráneas, ya que las filtraciones no están siendo manejadas de acuerdo con las regulaciones y compromisos previamente establecidos.
El segundo cargo impuesto es debido a la falta de acción y la no implementación de un plan de contingencia necesario para manejar los cambios adversos en las condiciones físico-químicas de uno de los pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Esta inacción ha resultado en una acidificación notable del pozo entre 2009 y 2022.
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Consecuencias de los Incumplimientos
Las consecuencias de estos cargos graves son profundas para la minera. La empresa arriesga una sanción económica que asciende hasta 10 mil UTAs, lo que se traduce en más de $7.600 millones. Además de la multa económica, también enfrentan la posibilidad de que se revoque su RCA y la clausura de sus operaciones.
Los representantes de la SMA han enfatizado que el cumplimiento de las normativas y compromisos ambientales no es opcional, sino un imperativo para las empresas que desean operar dentro del marco legal y ético establecido por las autoridades.
Repercusiones en el Sector Minero
Este caso pone de relieve la importancia del cumplimiento estricto de las regulaciones y compromisos ambientales por parte de las empresas mineras. Resalta la necesidad de una vigilancia constante y la aplicación rigurosa de las leyes para proteger el medio ambiente y los recursos naturales de posibles daños o contaminaciones debido a las operaciones mineras.
