Una de las definiciones más relevantes que aguardan los distintos actores interesados en desplegar la industria del litio en Chile podría tardar más tiempo de lo planificado. Se trata de la decisión que debe adoptar y comunicar el Ejecutivo sobre cuáles de los 63 ambientes salinos presentes el territorio -45 salares y 18 lagunas salinas- serán reservados para la creación de una red de salares protegidos, un 30% del total, así como también aquellos considerados susceptibles de explotación. En especial, los que sean calificados como estratégicos, ya que para ellos, la política gubernamental anunciada en abril tiene un pie forzado: el Estado deberá tener una participación mayoritaria en las alianzas público privadas que se creen para ese efecto.
Una de las complicaciones hasta ahora ha sido el lento avance del trabajo del Comité de Litio y Salares, instancia creada en mayo, pero que tuvo recién su segunda sesión de trabajo a finales de septiembre. Sin embargo, desde la llegada de Aurora Williams a la cartera antes liderada por Marcela Hernando, dicha instancia ha retomado el trabajo con reuniones mensuales y en su tercera sesión hubo definiciones: la decisión en torno a qué salares proteger y cuáles declarar como estratégicos deberá considerar los alcances del proceso de diálogos ciudadanos.
Estos encuentros comenzaron recién a mediados de octubre, específicamente en Copiapó. Hasta la Universidad de Atacama llegó el pasado viernes 13 la ministra Aurora Williams, iniciando la fase participativa donde tanto la sociedad civil como comunidades indígenas podrán entregar sus inquietudes y propuestas en torno al desarrollo de la estrategia nacional del litio. Así, Atacama se transformó en la primera región en comenzar con el proceso, pero aún restan otras cuatro más: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana tendrán sus propios diálogos participativos, según informó el propio Ministerio de Minería, entre octubre y diciembre de este año.
Así las cosas, uno de los plazos comprometidos en el documento que contiene el calendario de implementación de la estrategia, publicado en junio por el Ejecutivo, se ve al menos presionado. Específicamente, los relacionados a la creación de la red de salares protegidos, cuyos criterios y procedimientos para definir áreas y estatus de protección quedó calendarizado para 2023. Dicha tarea fue delegada en específico a cuatro carteras: Medio Ambiente, como entidad responsable, además de Minería, Economía y Ciencias. Pero sobre esos criterios y procedimientos, las autoridades no han entregado hasta ahora ninguna definición.
Conocedores del avance de los procesos de diálogos reconocen dificultades en su implementación, ya que a pesar de los plazos se estrechan con el pasar de los días y semanas, en algunas de las regiones su lanzamiento no ha sido aún confirmado ante problemas logísticos y de agenda de las autoridades.
La definición de los salares que serán protegidos, y en especial aquellos que serán declarados estratégicos, es el paso previo necesario para una de las principales medidas anunciadas en abril: la licitación pública, calendarizada para el primer semestre de 2024, que entregará a privados contratos de exploración, cuyos resultados permitirán tener una opción preferente para solicitar luego un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), en asociación con una empresa del Estado.
Con todo, en la tercera sesión del Comité de Litio y Salares los integrantes conocieron “una propuesta de diferentes mecanismos y fundamentos que podrían viabilizar la estrategia y avanzar de la forma más rápida posible en la exploración, extracción y/o beneficio de nuevos proyectos de litio en el país”, detalló Minería en un comunicado de prensa, agregando que “bajo este esquema se evaluaron criterios, requisitos, plazos y pertinencia de instrumentos para la celebración de contratos especiales de operación”.
La instancia esta semana fue presidida por la ministra de Minería, Aurora Williams, y contó con la participación de los titulares de Hacienda, Mario Marcel; Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; Economía, Nicolás Grau; Medio Ambiente, Maisa Rojas, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; y el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente.
En la ocasión participaron además el conjunto de asesores y coordinadores designados por cada una de las carteras para el funcionamiento de la instancia. Por parte de Minería, estuvo presente José Inostroza, coordinador de la Estrategia Nacional del Litio, y Arlene Ebensperger, asesora experta, y exdirectora Comité de Minería No Metálica de Corfo. Por Hacienda, Pilar Cruz, coordinadora microeconomía; por Economía, Daniel Goya, asesor en políticas de transformación productiva; por Relaciones Exteriores, Ricardo Mayer, jefe de gabinete de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales; por Ciencias , Virginia Garretón, jefa de asesores; por Medioambiente, Tania Sauma, asesora del gabinete ministerial; y por Corfo, Leonardo Valenzuela, encargado de contratos mineros, y Hugo Arias, asesor de la vicepresidencia ejecutiva.
