La propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de declarar más de 76 mil hectáreas del Salar de Atacama como áreas protegidas ha generado un fuerte rechazo de actores clave del sector minero chileno, entre ellos Codelco, Albemarle, Sonami y compañías vinculadas al Grupo Errázuriz, que presentaron observaciones formales a la consulta pública iniciada por el Gobierno a mediados de diciembre.
En el centro de las controversias está la extensión y delimitación del polígono propuesto, además de los criterios para su definición y la inclusión de especies como la chinchilla en los objetos de protección. La iniciativa forma parte de la Red de Salares Protegidos para la Región de Antofagasta, y abarca superficies que incluyen 34 mil ha dentro del sitio Ramsar Sistema Hidrológico Soncor, un humedal reconocido internacionalmente por su valor ecológico.
Codelco sostuvo en su observación que no quedan claros los criterios ecológicos o biogeográficos que sustentan la priorización del sector, por lo que propuso acotar el polígono a las zonas donde efectivamente se encuentran los elementos que se busca proteger, debidamente identificados con base en estudios ambientales detallados. La estatal advirtió además que la ampliación de áreas protegidas podría generar “impactos heterogéneos” en actividades productivas como minería y turismo.
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Rechazo a la inclusión de la chinchilla
Uno de los puntos más repetidos en las observaciones es la inclusión de la chinchilla como objeto de protección. Codelco y Sonami cuestionan que no exista evidencia histórica o actual de presencia de esta especie dentro del polígono propuesto en el salar, lo que a juicio de estas organizaciones carece de “proporcionalidad ecológica”, podría derivar en sobrerregulación sin respaldo técnico y generar restricciones sin correlato científico suficiente.
Críticas a los plazos de la consulta
Sonami también puso en tela de juicio los plazos establecidos para la consulta pública, señalando que eran “acotados e insuficientes” frente a la complejidad técnica, territorial y regulatoria de la iniciativa y que, además, coincidieron con un periodo estival y festivo, lo que dificultó una participación informada y efectiva.
Rol de Albemarle y Gruopo Errázuriz
La multinacional estadounidense Albemarle presentó un documento de 53 páginas donde plantea que la propuesta de área protegida se traslapa con terrenos vinculados a sus operaciones en el Salar de Atacama. Albemarle advirtió que el polígono incluiría zonas esenciales para actividades de infraestructura, monitoreo ambiental y transporte de personal y equipos, por lo que solicitó la modificación del área excluyendo estos sectores.
Por su parte, las empresas SCM Copiapó y Sociedad Legal Minera Nx Uno de Peine, ligadas al Grupo Errázuriz, acusaron superposición entre las áreas propuestas y sus concesiones mineras, solicitando dejar “sin efecto” el proceso actual y abrir uno nuevo que cumpla con estándares de acceso a información ambiental y participación pública.
La polémica se enmarca en un contexto donde Chile busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo de su industria del litio, clave para la transición energética global y para los planes de participación estatal en este recurso estratégico, en particular a través de la sociedad conjunta entre Codelco y SQM para desarrollar la producción en el Salar de Atacama.
La consulta pública, que según el Ministerio es parte de los instrumentos de gestión ambiental vigentes, sigue abierta a la recepción de observaciones, mientras el debate entre la conservación de ecosistemas y la continuidad de operaciones extractivas se profundiza en el norte de Chile.
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