Una de las termoeléctricas que funciona en Mejillones acaba de ser sometida a un proceso de revisión que podría traducirse en la modificación de su permiso ambiental, pese a que la firma que la opera planea desconectarla en dos años más.
Se trata de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2 (CTM2), generadora que forma parte del Complejo Térmico de Mejillones (CTM), y que se encuentra operativa desde el año 1998, aportando con 160 MW en capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La unidad cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada desde agosto de 1997, cuando Edelnor, firma que luego se transformó primero en E-CL, y en Engie Energía Chile después -de capitales franceses-, consiguió ampliar su operación en base a carbón en la zona norte del país.
El proceso de revisión fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta, específicamente en su primera sesión del año, celebrada el pasado 3 de enero. Allí, la instancia presidida por la delegada presidencial Karen Behrens, resolvió admitir a trámite la solicitud presentada por la ONG ambientalista Fima, que en marzo de 2023 ingresó un documento de 156 páginas ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región, acogiéndose al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, que establece la posibilidad de revisar una RCA, tanto a petición del titular de un proyecto como por parte del directamente afectado, “cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado”.
En este caso Fima, actuó en representación de un grupo de ciudadanos de Mejillones, entre ellos pescadores artesanales y buzos que desarrollan su actividad económica en las aguas contiguas a la zona donde opera la carbonera, apuntando a variaciones sustantivas en la calidad del aire y agua marina, así como afectaciones a la macrofauna y la abundancia de especies en la zona.
La resolución de la Coeva fue publicada este lunes en el Diario Oficial, lo que otorga primero un plazo de 20 días hábiles para que los interesados formulen observaciones, y de 15 días hábiles para que tanto la seremi de Medio Ambiente y la Gobernación Marítima de Antofagasta, además de la Subsecretaría de Pesca, emitan un informe respecto del procedimiento de revisión de la RCA. Adicionalmente, dentro de los primeros 20 días hábiles, se debe conceder una audiencia previa al interesado, mientras que el titular del proyecto, Engie Energía Chile, debe entregar los antecedentes con que cuenta respecto a las mediciones de calidad del aire y agua marina, dentro de los 30 días hábiles desde la publicación de la resolución.
Según conocedores de la regulación ambiental, la aplicación de este procedimiento de revisión de la RCA acumula menos de 20 casos sobre las más de 20.000 autorizaciones ambientales que se mantienen vigentes. Sin embargo, una de las revisiones más recordadas en el sector fue la realizada a otra iniciativa de generación eléctrica, el emblemático y resistido proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Pese a haber contado con una RCA aprobada desde marzo de 2009, en enero de 2019 la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo consiguió iniciar el proceso de revisión de la RCA, que concluyó en septiembre de 2021 con la aprobación de un conjunto de medidas de mitigación.
Así, los procesos de revisión pueden llegar a tardar más del tiempo que le restaría de operaciones a CTM2, ya que desde diciembre de 2023 Engie inició el proceso ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para desconectar las unidades 1 y 2 del Complejo Térmico de Mejillones (CTM), el que incluye la reconversión a gas natural de Infraestructura Energética Mejillones (IEM), unidad que aporta con 377 MW al SEN, y cuenta con una RCA aprobada y vigente, cuya modificación se espera se materialice durante julio de 2026.
Desde Engie Energía Chile comentaron que CTM2 opera desde el año 1998 ″dentro de los límites” que impone la RCA original, “tanto en relación con las emisiones atmosféricas, como con el cumplimiento de parámetros de calidad de agua, monitoreo de la macrofauna bentónica submareal e intermareal, sedimentos marinos, entre otros”, y resaltaron que, en el marco de su plan de transformación energética de la generadora gala, solicitaron “su retiro y desconexión del Sistema Eléctrico Nacional para el 31 de diciembre de 2025″. Dicha petición aún se encuentra siendo revisada por parte de la CNE.
“Es importante recalcar que el proceso en curso obedece solo a que la Coeva de Antofagasta resolvió dar inicio a un procedimiento administrativo de revisión de la RCA vigente por falta de certeza respecto de si ha habido una variación significativa, y en ningún caso se trata de una resolución definitiva”, enfatizaron desde la compañía eléctrica.
Por su parte, el abogado y coordinador de Acceso a la Justicia de Fima, Marcos Emilfork, indicó que, a juicio de la ONG ambientalista, “sostenemos que es necesario que el funcionamiento actual incorpore nuevas medidas, que se hagan cargo de los cambios en el ambiente, tanto en el aire como en el medio marino, considerando la contribución del proyecto al cambio climático y también la vulnerabilidad de la zona en atención a la crisis climática”.
Consultado por lo tiempos involucrados en este tipo de procesos, considerando la meta de desconexión de la central por parte de Engie, Emilfork aseguró que, para ese entonces, esperan que el titular del proyecto “haya cumplido con mitigar, reparar y compensar los impactos significativos que por ocasión de su funcionamiento desactualizado, ha acarreado a los componentes agua y aire. Por otro lado, la circunstancia de la desconexión, no impide que las medidas que se establezcan en la RCA modificada, sigan cumpliéndose con este objetivo”, enfatizó.
