Luego de que hace una semana el Gobierno presentara en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el proyecto que reforma la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), este miércoles continuó la discusión, dando luces del debate que se viene. Uno de los aspectos clave que dejó la cita fue la relación del proyecto con un actor que ya está en el terreno de juego: la ley de delitos económicos y ambientales.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, planteó diversas inquietudes frente al articulado, asegurando que consideran que el proyecto en discusión “persevera de alguna manera en una cierta incoherencia entre el régimen sancionatorio administrativo y penal”.
En esa línea, sostuvo que mantiene los problemas detectados en la ley de delitos económicos y ambientales; los incentivos al cumplimiento que se proponen se diluyen con dicha ley; y la combinación de ambas regulaciones genera “inflación” sancionatoria.
Por ejemplo, en cuanto a que los incentivos al cumplimiento que propone el proyecto se diluyen con la ley de delitos económicos y ambientales, indica que “debido a la superposición de conductas sancionadas entre el sistema penal y administrativo, se reduce la eficacia de las herramientas de incentivo al cumplimiento que se busca potenciar. Los titulares percibirán que los hechos que reconozcan ante la SMA pueden derivar en una persecución penal”.
Añadió que, “mientras no se resuelvan los problemas de la ley de delitos económicos y ambientales, incluso tienden a diluirse algunas mejoras que trata de introducir este proyecto en favor de la protección ambiental”.
Villarino aseguró: “La combinación de ambas regulaciones lamentablemente genera algo que nos hemos atrevido a denominar como una cierta inflación sancionatoria”.
Uno de los ejemplos que presentó de “inflación” sancionatoria fue el caso del fraccionamiento respecto del cual -dijo- se propone eliminar la exigencia del elemento volitivo (“a sabiendas”) para configurar la infracción. “Es decir, dicha conducta pasaría a ser sancionada aun sin que exista dolo, pero contradictoriamente y en un contexto en que existe imprecisión en la calificación del fraccionamiento, el proyecto propone aumentar al doble el máximo de las multas”, dijo.
También instaló que el proyecto no se hace cargo de la necesaria adecuación de proyectos que ya cuentan con RCA y planteó aspectos puntuales como el plazo de la autodenuncia donde propone ampliarlo desde 30 a 90 días.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó que “la idea del proyecto es hacerla (a la SMA) más eficaz y que pueda tener instrumentos más acordes a la gravedad y complejidad de las denuncias”. Asimismo, respecto a las inquietudes por los plazos, se abrió a eventuales ajustes.
Desde la cartera se hicieron cargo de la “inflación sancionatoria”, indicando que, en relación a que existe responsabilidad penal y administrativa, los dos sistemas conviven: “No es un dilema real, porque tenemos muchas normas que tienen esa dualidad y en realidad lo que faltaba era que la legislación ambiental también tuviera esta doble protección”.
Mientras, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, recalcó: “Este proyecto busca fortalecer aquellos elementos donde en general después de 12 años se ha demostrado la necesidad de hacer ajustes”.
Villarino aclaró en el debate, entre otros aspectos, que “no hemos dicho que nosotros estuviéramos en contra de las sanciones penales por los delitos ambientales”.
