Un tribunal de derechos humanos ordenó a Perú el viernes pagar indemnizaciones a los residentes de un pueblo andino por violaciones a su derecho a un medio ambiente sano debido a años de contaminación del aire, agua y suelo proveniente de una mina cercana.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el estado no cumplió con su deber de regular y supervisar el Complejo Metalúrgico de La Oroya, que estuvo activo durante casi un siglo antes de que deudas y regulaciones ambientales lo obligaran a cerrar en 2009.
Negligencia estatal en La Oroya
El tribunal confirmó que la exposición al plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre representaba un riesgo significativo para al menos 80 residentes locales, quienes no recibieron atención médica adecuada del gobierno cuando enfermaron.
La corte determinó que cada uno de ellos debería recibir al menos $30,000 en indemnización, mientras que los más vulnerables recibirían $50,000.
Además, los beneficiarios legales de dos víctimas que murieron por enfermedades causadas por la contaminación deberían recibir $65,000 cada uno.
Respuesta gubernamental y situación actual
Funcionarios del gobierno de Perú y su ministerio de minería no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
La Oroya reanudó parcialmente sus operaciones en 2023, gestionada por Metalúrgica Business Peru SAC, una empresa que cuenta con antiguos trabajadores entre sus accionistas y prometió cumplir con los estándares ambientales.
Importancia de la industria minera en Perú
Perú es el segundo productor de cobre más grande del mundo y la minería representa el 60% de sus exportaciones totales.
La corte ordenó al gobierno evaluar el estado actual de contaminación en La Oroya y proporcionar asistencia económica y médica gratuita a las víctimas.
