Cobre crítico y seguridad nacional son hoy dos conceptos inseparables en Estados Unidos. Y en medio de esa discusión estratégica apareció Chile como un factor central en una de las disputas mineras, políticas y religiosas más complejas de los últimos años: el proyecto Resolution Copper, impulsado por las gigantes anglo-australianas BHP y Río Tinto en Oak Flat, Arizona. El yacimiento —considerado una de las mayores reservas de cobre del planeta— enfrenta desde hace décadas la oposición de la tribu apache de San Carlos, que considera el lugar como territorio sagrado. Sin embargo, documentos oficiales del gobierno estadounidense y antecedentes judiciales revelan que la dependencia de Washington del cobre chileno fue utilizada como argumento clave para justificar el avance de la iniciativa. El caso escaló nuevamente hace apenas semanas, luego de que organizaciones indígenas presentaran una nueva demanda para frenar la transferencia definitiva de tierras aprobada por el gobierno federal. La controversia mezcla geopolítica, transición energética, minería subterránea avanzada y libertad religiosa, mientras Estados Unidos acelera su estrategia para reducir su vulnerabilidad frente al abastecimiento externo de minerales críticos.
El cobre chileno como argumento de seguridad nacional en Estados Unidos
El proyecto Resolution Copper contempla una inversión estimada en US$6.000 millones y busca explotar cerca de 18 millones de toneladas de cobre en Arizona mediante un joint venture controlado por Río Tinto (55%) y BHP (45%). La iniciativa recibió un fuerte respaldo político en Washington durante los últimos años, especialmente tras la decisión de Estados Unidos de incorporar el cobre y la plata dentro de su lista oficial de minerales críticos en 2025, medida impulsada por el United States Geological Survey (USGS).
En ese contexto, la dependencia estadounidense del cobre importado pasó a convertirse en un argumento recurrente en los documentos presentados por la industria minera ante el gobierno federal. Río Tinto sostuvo formalmente ante el Departamento de Comercio que Chile representa el principal proveedor extranjero de cobre refinado para Estados Unidos y advirtió sobre riesgos estratégicos asociados a interrupciones logísticas, desvíos de suministro y posibles restricciones de refinación en mercados internacionales.

La preocupación no es menor. Estados Unidos importa cerca del 35% del cobre que consume y una parte sustancial proviene de Chile, situación que ha ganado relevancia en medio del crecimiento de la demanda vinculada a electrificación, infraestructura energética y defensa. La propia Agencia Internacional de Energía ha advertido que la oferta mundial de cobre podría no cubrir completamente la demanda proyectada hacia 2030, escenario que ya ha impulsado fuertes alzas en el precio del metal rojo.
La batalla judicial de los apaches vuelve a escalar
Oak Flat, ubicado al este de Phoenix, es considerado un sitio ceremonial y espiritual fundamental para los apaches occidentales. Durante años, la tribu de San Carlos y organizaciones como Apache Stronghold han intentado detener el proyecto argumentando que la destrucción del lugar vulnera derechos religiosos protegidos por la legislación estadounidense.
La disputa alcanzó un punto crítico luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera avanzar con la transferencia de cerca de 980 hectáreas federales necesarias para el proyecto minero. A cambio, las compañías ofrecieron más de 2.200 hectáreas en otras zonas del sur de Arizona, en un mecanismo autorizado por el Congreso hace más de una década.
Sin embargo, el conflicto judicial está lejos de cerrarse. El pasado 22 de abril, Apache Stronghold presentó una nueva acción legal acusando al gobierno federal de acelerar el proceso de transferencia para evitar revisiones judiciales más profundas. Los demandantes sostienen que la mina provocará el colapso irreversible del sitio ceremonial y eliminará la posibilidad de realizar rituales ancestrales en el área.
La controversia se produce además en un momento donde la presión por asegurar minerales estratégicos se ha intensificado a nivel global. En Chile, este fenómeno también ha impulsado nuevas inversiones y expansiones en minería subterránea, particularmente en proyectos de cobre de gran escala y larga vida útil, tendencia visible en iniciativas como Nueva Centinela y otros desarrollos estructurales vinculados a transición energética.
El Teniente y la tecnología chilena detrás del proyecto Resolution Copper
Chile no solo aparece en la discusión geopolítica del caso. También figura como referencia técnica central para validar la viabilidad operacional de Resolution Copper ante las autoridades regulatorias estadounidenses.
El proyecto utilizará minería por “block caving” o hundimiento por bloques, método subterráneo que permite extraer grandes volúmenes de mineral mediante el colapso controlado de la roca. En la Declaración de Impacto Ambiental Final del proyecto, los desarrolladores citaron expresamente a El Teniente de Codelco como uno de los principales casos de referencia mundial para demostrar la factibilidad del método.
El informe presentado por el ingeniero geomecánico Dennis H. Laubscher sostuvo que el depósito de Oak Flat posee características geológicas comparables con El Teniente, considerada la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Ese antecedente fue utilizado para respaldar que el comportamiento geomecánico del yacimiento sería predecible y controlable bajo operaciones de block caving.
La minería subterránea avanzada se ha transformado en uno de los focos tecnológicos más relevantes para la industria del cobre, especialmente ante la disminución de leyes minerales y la necesidad de acceder a depósitos más profundos. Codelco ha desarrollado durante décadas experiencia en este tipo de explotación, posicionando a Chile como referencia internacional en productividad y diseño geotécnico de grandes minas subterráneas, conocimiento que hoy también resulta estratégico para proyectos globales.
Un conflicto que refleja la nueva geopolítica del cobre
El caso Resolution Copper evidencia cómo el cobre dejó de ser únicamente un commodity industrial para convertirse en un activo estratégico asociado a seguridad nacional, transición energética y competencia geopolítica entre potencias.
La presión por asegurar suministro de minerales críticos ha redefinido prioridades regulatorias y políticas públicas en Estados Unidos, Europa y China. En paralelo, países productores como Chile enfrentan crecientes oportunidades, pero también mayores exigencias relacionadas con sostenibilidad, permisos ambientales y estabilidad de suministro.
La disputa en Arizona resume precisamente esas tensiones: una gigantesca reserva minera considerada clave para la seguridad energética estadounidense enfrentada a derechos indígenas, litigios ambientales y debates sobre soberanía de recursos estratégicos. Y en el centro de esa discusión global, Chile aparece simultáneamente como proveedor crítico, referente tecnológico y actor indispensable para el futuro del cobre mundial.
