Faenas de Quiborax en el salar de Surire extienden su permiso para el funcionamiento parcial de sus operaciones.
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El Tribunal Ambiental extiende régimen cautelar para Quiborax
El Primer Tribunal Ambiental ha ampliado el régimen cautelar para las operaciones de la empresa Quiborax en el Salar de Surire. La empresa podrá continuar con su funcionamiento hasta el 31 de mayo de 2025.
En septiembre del 2024, Quiborax fue ordenada a detener sus faenas en el salar de Surire debido a posibles daños ambientales. Sin embargo, la empresa solicitó el permiso para operar parcialmente y se le otorgó hasta diciembre de 2024. Recientemente, el tribunal extendió este permiso hasta mayo de 2025.
“En la resolución, acordada por mayoría, que recayó sobre las presentaciones formuladas por tanto por el del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como por la empresa Quiborax, el tribunal estimó que no advierte un cambio significativo de circunstancias fácticas que amerite modificar el régimen cautelar establecido por resolución del 30 de octubre de 2024″, dijo el tribunal en un comunicado.
Primer Tribunal Ambiental
- Las labores permitidas incluyen nivelación de áreas intervenidas y retiro de ulexita.
- Quiborax debe seguir planes de trabajo y reportar acciones de monitoreo ambiental.
- El tribunal mantendrá la fiscalización del régimen cautelar.
El Salar de Surire es un ecosistema importante que alberga especies protegidas y comunidades biológicas complejas. El tribunal reconoce la importancia de proteger este ambiente y su influencia en la biodiversidad y los recursos naturales.
“(Tienen un) papel crítico como hábitat de especies protegidas como los flamencos altoandinos. El tribunal subrayó que este ecosistema alberga comunidades biológicas complejas y recursos naturales relevantes ambientalmente”.
Primer Tribunal Ambiental
Existió un voto disidente en la decisión de extender el funcionamiento parcial. La Ministra Sandra Álvarez sugirió extender el régimen cautelar solo hasta el 31 de enero de 2025, para volver a la paralización total de las operaciones de la empresa. Álvarez considera que es necesario obtener más información sobre el impacto en el ecosistema y garantizar la adecuada aplicación de la medida cautelar vigente.
