El apagón del pasado martes 25 de febrero, que dejó a más del 98% de la población sin electricidad a lo largo de Chile, no solo despertó las alarmas acerca de cómo las empresas de energía realizan sus labores. Sino que, además, dejó al descubierto que muchas personas no están preparadas para afrontar una emergencia.
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Debido a lo anterior, uno puede pensar que la preparación ante accidentes es una competencia olvidada por las organizaciones y comunidades. Primero, porque a pesar de que nuestro país tiene una historia de importantes catástrofes como terremotos, incendios forestales, inundaciones, entre otros, somos una población que actúa más bien de forma reactiva y cortoplacista.
En general, no nos gusta pagar la cuenta por anticipado, por eso, pareciera que hay un temor a gastar de más o a que las inversiones realizadas no se usen al máximo. Eso se puede entender, ya que como somos un país en desarrollo, y hay necesidades simultáneas de muchas áreas, entonces la política pública parece ser: démosle un poco de plata a todos, para que nadie reclame. Ahí aparece un segundo aspecto clave: nos cuesta mucho pensar en forma estratégica y de largo plazo, y en especial nos cuesta mucho medir el impacto de las decisiones no tomadas, porque se nos puede acusar de estar privilegiando algo o dejando de lado algo también importante.
Entonces, cuando todo es relevante, finalmente, nada lo es, y no se puede abarcar. De ahí nace la respuesta a la pregunta: ¿Por qué organizarse para una emergencia requiere pensar en riesgos, costos, impactos y consecuencias por no estar preparados? La respuesta a esa interrogante viene habitualmente con una mirada cortoplacista o un análisis con una conclusión, aunque más informada y profunda, que solo tranquiliza la conciencia de la población: seguro que no va a pasar nada, total hay gente muy inteligente preocupada de eso. Para eso pago todos los meses la cuenta de la luz, y hay gente que tiene que hacerse cargo. Si pasara algo, me tendrían que indemnizar.
Este sería un tercer aspecto típico del alma nacional. No hacer nada, echarle la culpa a otros y exigir compensaciones, sin hacernos cargo de que algo tenemos que hacer nosotros para estar prevenidos ante las emergencias.
Sin embargo, las compensaciones legales serán mínimas en comparación con los daños que dejó el apagón. Para evaluar los riesgos, debemos considerar dos aspectos: capacidades y competencias.
En cuanto a capacidades, si el mayor riesgo era el riesgo de la falla de dos líneas de transmisión que transportaban más de 2.000 MW, la solución lógica era contar con el respaldo necesario, y no solo 1.500 MW. Pero la falta de inversión y el temor al costo excesivo para los ciudadanos impidieron una solución adecuada.
En cuanto a las competencias, aunque la falta inicial se resolvió en 44 minutos, la restauración del suministro tomó más de 8 horas tras múltiples intentos. Esto plantea varias dudas: ¿las personas a cargo estaban realmente capacitadas para manejar la crisis?, ¿las empresas tenían los protocolos adecuados? La investigación deberá determinar si el problema fue de capacidades, competencias o de ambas.
No debemos centrarnos solo en los grandes desastres y olvidar los riesgos diarios. Un ejemplo claro se da en la minería, donde hoy se evalúan y certifican competencias laborales para intentar prevenir y evitar riesgos. Dentro de ellos, un riesgo crítico es el incendio en los equipos mineros.
¿Los operadores saben cómo usar los sistemas contra incendios? La respuesta a esta pregunta se puede detectar fácilmente mediante evaluaciones teóricas precisas. Es fundamental entender que estos sistemas no están diseñados para extinguir el fuego, sino para darle el tiempo al operador para evacuar el equipo, por lo que no saberlo con certeza o no actuar en consecuencia puede ser fatal.
Las empresas deben priorizar la prevención, ya que un trabajador no bien capacitado, sobre todo en los riesgos críticos, aumentará el riesgo de accidentes, y si estos se manifiestan, habrá que detener la faena y se generarán altos costos evitables. Aunque esto no sea exactamente igual a lo que ocurrió con el apagón, las consecuencias sí lo son. Si no actúo preventivamente y se produce el evento, los costos serán muy superiores al costo de prevenirlo. ¿Cuál es la solución? Evaluar en forma permanente si las capacidades y competencias son las necesarias para operar a mínimo riesgo. Además, nos sirve para volver a responder la consulta: ¿en Chile actuamos en forma preventiva o reactiva? Como parece que la respuesta sería reactiva, debemos generar mucha más conciencia de que la clave es la prevención, incluso en lo básico, como estacionar de forma segura, contar con primeros auxilios y tener una radio y las baterías listas. La prevención debe ser constante. Cuando ocurre la crisis, ya es tarde.
