El acuerdo minero en el Salar de Atacama ha generado una división significativa entre las comunidades indígenas atacameñas. Este pacto, que involucra a la minera estatal Codelco y a la productora de litio SQM, establece un modelo de gobernanza indígena para la extracción de litio en la región hasta el año 2060, a través de la firma conjunta NovaAndino Litio.
Un acuerdo sin precedentes en la minería chilena
El Salar de Atacama, que concentra cerca del 25% de las reservas mundiales de litio, es el epicentro de un acuerdo minero calificado como histórico. Bajo la gestión de NovaAndino, el pacto establece un modelo inédito de gobernanza indígena que promete a las comunidades locales mayor supervisión ambiental y una distribución de los beneficios económicos generados por la extracción. Rudecindo Espíndola, agricultor y representante indígena, considera que este es un momento de «justicia de participación», indicando que «antiguamente las participaciones indígenas eran bien ambiguas. Ahora hablamos de participación en niveles jerárquicos de este proceso».
Este modelo incluye compromisos claros, como el uso de tecnologías para reducir el impacto ambiental y reuniones periódicas con representantes comunitarios para discutir la estrategia ambiental. NovaAndino también implementará un monitoreo ambiental que permitirá a las comunidades locales tener acceso físico a los sitios de extracción y tomar medidas en caso de daños al ecosistema. Asimismo, la empresa planea eliminar el uso de agua dulce en un plazo de cinco años, tras la obtención de los permisos ambientales, como parte de su plan para mitigar el alto consumo hídrico asociado a la minería del litio, según su compromiso.
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- Acceso físico de las comunidades a los sitios mineros.
- Reducción del uso de agua dulce en un 30%.
- Creación de un consejo indígena asesor semestralmente activo.
Tensiones y divisiones dentro del pueblo atacameño
A pesar de los avances, el modelo de gobernanza ha generado divisiones profundas entre las comunidades Lickanantay. Algunas localidades, como Peine y Toconao, han expresado escepticismo sobre los beneficios del acuerdo. Según Sergio Cubillos, líder indígena, «ninguna fórmula, proceso participativo o gobernanza nos va a dar la seguridad de que este acuerdo sea bueno para el territorio». Además, se han reportado tensiones en torno a los recursos económicos derivados de la minería, que algunos consideran una causa de fractura social dentro del pueblo.
Las comunidades más cercanas a las operaciones mineras reclaman una mayor compensación económica debido a los impactos ecológicos que enfrentan, mientras que las más alejadas exigen una distribución equitativa de los fondos. Incluso durante la consulta indígena sobre la extensión del contrato de explotación, hubo fuertes críticas a la organización estatal y denuncias de favoritismo en la creación de comunidades “fantasma”. Para Sonia Ramos, activista y curandera Lickanantay, el pacto con las mineras representa «la destrucción total del Salar», añadiendo que ha generado desequilibrio y fragmentación dentro de su pueblo.
- Críticas a la organización estatal en las consultas indígenas.
- Tensiones entre comunidades cercanas y alejadas de las operaciones.
- Denuncias sobre la creación de asociaciones con fines económicos.
La danza de los millones y su impacto
El esquema financiero asociado al acuerdo promete inyectar hasta 150 millones de dólares anuales en la región, incluyendo 30 millones directamente para las comunidades indígenas. Este flujo inicia un complejo sistema de fondos que abarca desde inversiones generales y transferencias a agricultores hasta un «fondo intergeneracional» al que el pueblo Lickanantay podrá acceder únicamente en 2060. Pese a estas promesas económicas, figuras como Rudecindo Espíndola cuestionan el impacto a largo plazo, afirmando que «la minería destruye no solo el territorio sino también el tejido social».
Para muchos líderes locales, el desafío será garantizar que los recursos sean utilizados de forma eficaz y que no se profundicen los conflictos. El Estado calcula un potencial impacto positivo en infraestructura, salud y educación en la región, pero algunos críticos, como el académico Pedro Zapata, advierten sobre la falta de institucionalidad en este modelo, destacando que podría dar lugar a tratos desiguales entre comunidades con diferentes niveles de organización.
- 150 millones de dólares anuales estimados como aporte total.
- Fondo intergeneracional administrado hasta 2060.
- Preocupaciones sobre la sostenibilidad y equidad en la distribución de recursos.
Cuestionamientos ambientales y futuros desafíos
En términos ambientales, el proyecto enfrenta serias dudas debido al impacto de la extracción de litio en un ecosistema tan frágil como el del Salar de Atacama. Según un informe de sostenibilidad de SQM, las operaciones actuales consumen entre 11.500 y 12.500 litros de agua industrial por tonelada de litio producida, lo que ha provocado el hundimiento del salar a una tasa de 1 a 2 centímetros por año. Ante esto, NovaAndino se ha comprometido a explorar tecnologías más responsables para mitigar estos efectos, aunque algunos expertos, como la microbióloga Cristina Dorador, señalan que estas medidas son inciertas y podrían incluso alterar la química del salar.
La transparencia en el cumplimiento de estos compromisos será clave para la sostenibilidad del proyecto. Las comunidades han destacado la importancia de fortalecer sus propias unidades de monitoreo ambiental para supervisar cualquier daño ecológico derivado de las operaciones. Sin embargo, el debate persiste: mientras NovaAndino promueve el proyecto como un modelo de minería sostenible y responsable, voces al interior del pueblo Lickanantay lo consideran una amenaza irreparable para su cultura, sus tierras y sus fuentes de agua.
- Consumo hídrico de hasta 12.500 litros de agua por tonelada de litio.
- Compromiso de reinyección del 30% del agua extraída de la salmuera.
- Impactos en la fauna y flora endémicas del Salar de Atacama.
