Ad portas de ser sometidas a votación las reclamaciones en contra del proyecto Dominga de Andes Iron en el Comité de Ministros, el Ministerio del Medio Ambiente a través del subsecretario, Maximiliano Proaño envió un oficio en el que cuestionó la iniciativa. Sostuvo que su línea base se realizó hace diez años y apuntó a una serie de falencias en su evaluación como la falta de información sobre las emisiones atmosféricas y el potencial afectación al pingüino de Humboldt, entre otras especies.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (CS), a través de un oficio enviado este miércoles a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), manifestó una serie de reparos sobre la tramitación del proyecto Dominga, de Andes Iron. La opinión del ministerio es una respuesta a otro oficio de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, que consultó por las reclamaciones ingresadas contra de la iniciativa ante el Comité de Ministros, la máxima instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El documento, que cuenta con 23 páginas, es el primer pronunciamiento oficial del Ejecutivo sobre el proyecto minero, que considera una inversión de US$ 2.500 millones, generaría 30.000 empleos indirectos y en el que la minera se comprometió a entregar agua potable gratis durante 25 años a los habitantes de la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.
Para el Ministerio del Medio Ambiente, Andes Iron “no aportó satisfactoriamente los antecedentes para evaluar los impactos relacionados con las estimaciones de las emisiones atmosféricas que generará el proyecto”. Es que, si bien el titular presenta los antecedentes necesarios para la elaboración de la línea de base, cumpliendo con la utilización de factores de emisión de niveles de actividad adecuados para el proyecto, la autoridad dice que “hay que destacar que la línea de base fue realizada para condiciones de hace 10 años atrás”.
Actualmente, el proyecto Dominga debe ser sometido a votación por el Comité de Ministros, entidad que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas e integran sus pares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. La iniciativa cuenta con una RCA aprobada, a la espera de ser ratificada por el Comité de Ministros. El proyecto contó con un Informe de Calificación de Evaluación (ICE) favorable en su proceso de evaluación ambiental durante la segunda administración de Michelle Bachelet.
Por otro lado, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó que la empresa presentó antecedentes suficientes y completos, anulando el rechazo del Comité de Ministros, que se había producido en Bachelet 2, por no ajustarse a derecho. El 18 de mayo de 2022, la Corte Suprema rechazó alegaciones de opositores, ratificándose el fallo del tribunal ambiental.
“El titular no siguió una planificación anual para estimar las emisiones del periodo de construcción, lo cual dificulta evaluar su cumplimiento, sobre todo al no tener claridad si durante el mismo año calendario se tendrán actividades de construcción y operación”, agregó el oficio firmado por Proaño.
Para la autoridad, Dominga no sólo presenta falencias en las emisiones atmosféricas, sino que también provocaría una potencial afectación sorbe la fauna cercana al yacimiento y el puerto marítimo, donde se exportará el hierro extraído.
Según el escrito firmado por Proaño, Andes Iron no incorporó de manera satisfactoria en su área de influencia, información levantada en torno a rutas de navegación, reconociendo que se trata de sectores potencialmente afectados por acciones del proyecto. “Esto afecta en particular el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, Chungungo, Pato Yuco y cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia actividades o comportamientos propios de estas especies”, acotó. “No es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema protegido por la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, al interactuar con el hábitat de las especies claves y otros hábitats de importancia ecológica para los objetos de conservación de las áreas protegidas”, concluyó.
El oficio de Medio Ambiente también destacó que “se presentaron antecedentes sobre las emisiones y otras afectaciones, lo que se manifiesta en los impactos identificados sobe las especies afectadas. No obstante, no se cuenta con una estimación o modelamiento objetivo de las emisiones de ruido subacuático, ni para el hincado de pilotes o el tráfico marítimo, por lo que no es posible dimensionar la magnitud e intensidad del espacio geográfico (hábitat) en donde el proyecto generará estos impactos”,
“Lo anterior, sumado a la no ponderación de otros riesgos, como el derrame de petróleo y la introducción de especies exóticas, implica una subestimación del área de influencia, resultado insuficiente la predicción y evaluación de impactos en esta materia”, cerró el oficio.
El oficio del Ministerio del Medio Ambiente lleva las iniciales en la parte final de: “PBU/AEG/BRS/MVC”. Esto en alusión a los profesionales que participaron en la elaboración del documento: PBU (Paz Becerra Urzúa, abogada del gabinete de Proaño); AEG (Ariel Espinoza, subrogante de Marie Claude Plumer, fiscal del ministerio, quien asume este 3 de enero como nueva superintendenta del Medio Ambiente); BRS (Bruno Raglianti, abogado de la división jurídica); y MVC (Manuel Vallejos Caroca, subrogante de Sebastián Aylwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental).
El 11 de mayo de 2022, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño -militante de Convergencia Social- recibió el primer requerimiento sobre las reclamaciones ingresadas en contra del Estudio de Impacto Ambiental de Dominga. Posteriormente en cuatro oportunidades el SEA, que actúa como órgano técnico del Comité de Ministros, volvió a requerir las mismas consultas, hasta que recién ayer la autoridad contestó.
Fuente: La Tercera
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