La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reveló este martes los críticos plazos que enfrenta la tramitación de proyectos de inversión minera en Chile, donde la demora se concentra principalmente en los permisos sectoriales y no en las evaluaciones ambientales como suele creerse.
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En el marco de los compromisos adquiridos para la aprobación del Royalty Minero, según un oficio presidencial de septiembre de 2023, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) lanzó un monitor para reportar la evolución de los plazos en la tramitación de proyectos.
Los resultados fueron calificados como críticos y graves, ya que los tiempos de espera superan ampliamente los plazos legales debido a la burocracia, lo que impacta directamente la contribución del sector al PIB.
Permisos sectoriales: el nudo crítico
A diferencia de la percepción general, el problema no radicaría en las autorizaciones medioambientales. Cristian Romero, director jurídico y coordinador de la CNEP, aclaró que estos permisos “en general, se mantienen estables y cumplen los máximos legales”.
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“Actualmente el problema central (…) está concentrado en los permisos sectoriales al inicio y en la finalización del proceso de aprobación de los proyectos mineros”, sentenció Romero.
Los trámites más largos
El informe destaca que las concesiones marítimas mayores, otorgadas por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, reportan un promedio de 53 meses para concluir su estudio, siendo el permiso individual de mayor plazo en lo que va de 2025. Esta cifra representa un aumento considerable frente a los 30 meses que tardaba en 2024.
A este trámite le sigue la Dirección General De Aguas (DGA), servicio que concentra la mayor cantidad de autorizaciones con plazos extensos.
En esta línea, un análisis de Prisma Sofofa y la Universidad de Chile sobre datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reveló que de 40 proyectos en calificación a fines de agosto, 122 presentaron excesos en su tramitación.
Llamado a optimizar la gestión
Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, afirmó que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales “no es suficiente” y que, si bien Chile tiene una posición estratégica, debe hacerse cargo de este obstáculo que repercute en la productividad.
El reporte también sugiere que los plazos podrían reducirse casi a la mitad si se aplicaran mejoras metodológicas en 30 permisos clave, de un total de 400 trámites que puede llegar a requerir un proyecto.
